Diario al Día, Estados Unidos- La actriz y modelo Jimena Romina “Rosita” Araya Navarro fue acusada formalmente por su presunta participación en una red de actividades ilegales, según documentos judiciales.
Rosita Araya figura entre los nombres más visibles dentro de un caso federal de alcance interestatal, señalado por su supuesto rol como facilitadora de una estructura organizada de gran magnitud.
El Departamento de Justicia presentó la acusación, considerada una de las más amplias relacionadas con este entramado internacional que involucraría sustracción y manejo irregular de fondos de manera indebida.
La fiscal federal Lesley A. Woods confirmó que el caso fue estructurado por un gran jurado del Distrito de Nebraska, en un proceso que involucra a numerosos imputados en cargos complejos.
En total, 56 cargos federales fueron formulados contra decenas de personas por instalar software no autorizado, extraer efectivo y canalizar millones de dólares obtenidos de forma irregular.
Según los expedientes, parte de los recursos habrían sido transferidos a líderes del grupo para sostener operaciones de alto impacto y mantener la estructura financiera de la organización.
Los documentos judiciales indican que Jimena Araya, también conocida como “Rosita”, habría brindado apoyo material a la organización, incluyendo asistencia directa a su principal dirigente, Héctor Guerrero Flores.
Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, mantendría vínculos previos con la actriz tras su salida irregular de un centro penitenciario en Venezuela, situación que derivó en sanciones de la OFAC en diciembre pasado.
Las autoridades sostienen que la modelo actuó como enlace operativo y financiero, utilizando su proyección pública para canalizar recursos mediante presentaciones, eventos y actividades en la industria del entretenimiento.
Parte de los ingresos generados en Colombia habrían sido redirigidos para fortalecer la estructura financiera del grupo, según indican los expedientes judiciales revisados por el Departamento de Justicia.
El entramado operaba mediante el software Ploutus, que se instalaba en cajeros automáticos para forzar la dispensación de efectivo sin autorización de los sistemas bancarios oficiales.
La manipulación se realizaba con dispositivos USB o discos duros modificados, y el programa eliminaba rastros técnicos para evadir procesos de verificación, complicando la detección de las operaciones ilícitas.
El esquema incluía un reparto planificado de fondos y el uso de empresas de fachada para regularizar recursos, extendiendo las operaciones a cooperativas de crédito y entidades financieras en diversos estados.
Nebraska fue uno de los puntos clave donde se desarrolló la investigación y donde se identificaron operaciones financieras vinculadas a la estructura, consolidando la ofensiva federal contra la red.
La acusación más reciente, fechada el 9 de diciembre, imputa directamente a 22 personas, mientras que otra anterior del 21 de octubre incluye a otras 32, en el marco de investigaciones interconectadas.
En conjunto, los imputados enfrentan cargos por fraude financiero, uso indebido de sistemas informáticos, manejo irregular de capitales, conspiración y apoyo a una organización extranjera sancionada oficialmente.
El fiscal general adjunto Matthew R. Galeotti afirmó que la investigación evidencia cómo la organización perfeccionó métodos para sostener su expansión transnacional y canalizar recursos de forma compleja.
“Obtuvieron y canalizaron recursos para financiar operaciones cada vez más complejas”, señaló Galeotti, destacando el alcance operativo de la red y sus vínculos internacionales documentados.
La fiscal Woods subrayó que la evidencia permitió rastrear los fondos desde los cajeros en Estados Unidos hasta su origen en Venezuela, dejando claro que Nebraska no será refugio para integrantes.
Tras el anuncio, el Departamento de Justicia informó que durante el año han sido imputadas 67 personas vinculadas a esta estructura en Nebraska por diversas violaciones federales, consolidando acción legal sin precedentes.
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