Diario al Día | Duarte— Luis Miguel Martínez, conocido como El Bobo, murió este miércoles durante un operativo del DICRIM en el sector Mamá Tingó de Vista al Valle.

El hecho ocurrió en horas de la tarde en ese populoso sector de San Francisco de Macorís, donde efectivos de la Dirección Central de Investigación interceptaron al joven.

Martínez tenía en su contra la orden de arresto 601-01-2026EADM-00258, emitida por violación al artículo 379 del Código Procesal Penal dominicano.

Sin embargo, las circunstancias exactas de su muerte permanecen sin aclarar. Las versiones de las autoridades y las de testigos del sector difieren de forma significativa.

Un hombre que contrató a Martínez como obrero relató que el joven salía en ese momento de una construcción. Según este testigo, Martínez no portaba armas cuando fue interceptado por los agentes.

“Yo lo fui a buscar para echar un día en su casa y él me pidió 100 pesos. Ahí es que lo interceptan. Él no andaba armado”, declaró el empleador ante la cámara, contradiciéndola versión oficial.

La pareja sentimental del fallecido también cuestionó la actuación policial. Entre lágrimas, afirmó que las autoridades habrían colocado un arma junto al cuerpo para justificar el operativo del DICRIM.

“Me lo mataron como un perro. Me le pusieron disque un revólver. Ese muchacho nunca usaba arma de fuego”, expresó la mujer, quien debió ser sostenida físicamente por otras personas presentes.

La joven añadió que Martínez era padre de una niña y que llevaba tres años sin involucrarse en conflictos callejeros, insistiendo en que estaba en un proceso de cambio personal.

Residentes del sector también alzaron la voz. Un dirigente comunitario señaló que situaciones como esta se repiten con frecuencia bajo el mando de las autoridades locales.

“Aunque tenga antecedentes, él no se le rebeló a la policía. Venía de trabajar en una construcción”, afirmó el residente, exigiendo transparencia ante los hechos del operativo del DICRIM.

En el lugar del incidente —un camino de tierra junto a un colmado— se desplegaron agentes de la Policía Nacional, efectivos del DICRIM y militares del Ejército con armamento de largo alcance.

La zona fue acordonada mientras la fiscalía y los equipos forenses realizaban el levantamiento del cuerpo. Junto a la cinta de peligro se observó una motocicleta derribada y una camioneta policial con daños en su parte frontal.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís para los procedimientos de ley.

El caso expone la profunda tensión entre los habitantes del sector Mamá Tingó y las fuerzas del orden. Paradójicamente, los propios denunciantes reconocen el pasado de la víctima, lo que refuerza el peso de su testimonio central sobre el operativo del DICRIM.

¿Qué implicaría para la comunidad que las autoridades respondan con transparencia a estas denuncias? La respuesta institucional, hasta el cierre de esta edición, no se ha producido.