Diario al Día, Estados Unidos- Un juez federal en Nueva York negó la petición de los abogados de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para desestimar los cargos presentados en su contra, en una decisión clave que mantiene activo el proceso judicial en Estados Unidos.
La audiencia más reciente se celebró en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde el magistrado a cargo rechazó la solicitud de la defensa de dejar sin efecto el caso, que enfrenta a la pareja con acusaciones relacionadas con narcotráfico y corrupción.
La defensa había argumentado que la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a permitir el uso de fondos del Estado venezolano para costear honorarios legales vulneraba su derecho constitucional a elegir representación.
Sin embargo, el tribunal determinó que esa petición no era suficiente para desestimar las acusaciones, y por ello el expediente judicial continuará su curso normal, sin que por ahora se haya fijado una fecha concreta para un eventual juicio.
El juicio se desarrolla en medio de una disputa compleja sobre el financiamiento de la defensa, ya que los abogados de Maduro sostienen que no pueden costear la representación debido a las sanciones vigentes, mientras la fiscalía sostiene que existen alternativas legales disponibles.
Este caso judicial se ha vuelto ampliamente mediático, en parte por el carácter internacional de los acusados y las implicaciones de las sanciones y normativas estadounidenses sobre el uso de fondos extranjeros en procesos legales.
Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Estados Unidos tras un operativo en Caracas a comienzos de enero, y desde entonces han negado los cargos presentados por la fiscalía, los cuales incluyen tráfico de drogas y otros delitos graves.
La decisión del juez federal mantiene viva la instrucción del caso y obliga a las partes a continuar con las fases previas al juicio, incluidos debates sobre pruebas y otros aspectos procesales relevantes.
Las audiencias han reflejado también la controversia legal en torno a las sanciones y el derecho a una defensa adecuada, un punto que tanto la defensa como la fiscalía han abordado ante el tribunal sin lograr modificar el curso del proceso.
Aún no se conoce cuándo se podría iniciar el juicio formal, pero la reciente decisión del juez refuerza la postura de mantener el caso activo y avanzar con las etapas judiciales correspondientes.