Preocupación Creciente por Amenazas a Abogado y Víctimas en Caso de Supuesto Fraude del Grupo Paceo
La situación se ha tornado crítica para el abogado Jean Cristofer Pérez y su equipo, quienes han denunciado ser objeto de amenazas tras acusar a la empresa Grupo Paceo de fraude. La ola de intimidaciones ha generado inquietud no solo para Pérez, sino también para las más de veinte personas que representa, quienes afirman haber sido perjudicadas por las prácticas de la compañía.
El abogado Bomar Alexis Quezada, integrante del equipo legal de Pérez, expresó su alarma acerca de la seguridad de su colega durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Quezada destacó la aparente inacción del Ministerio Público en el caso, preguntándose si es necesario esperar un desenlace trágico similar al del abogado Junior Ramírez para que las autoridades actúen con diligencia.
Demandas Legales y Presiones
Las intimidaciones no solo se han dirigido a Pérez, sino que también han afectado a las víctimas del supuesto fraude. Según los abogados, los responsables han utilizado demandas legales como herramienta de presión, una estrategia que, aseguran, busca silenciar las denuncias y sembrar el miedo entre quienes buscan justicia.
En el encuentro con los medios, Pérez expresó su frustración ante la falta de medidas legales efectivas, a pesar de los allanamientos realizados en las instalaciones de Grupo Paceo y la constructora Novo Vasco el pasado 31 de enero. Mientras que Novo Vasco ha enfrentado procesos legales, la empresa Grupo Paceo parece no haber recibido sanción alguna.
Reacciones y Críticas a las Autoridades
Pérez también destacó las represalias legales emprendidas por los directivos de Grupo Paceo contra las víctimas y sus abogados. Un caso notable es la demanda interpuesta contra el juez Rigoberto Sena, quien autorizó el allanamiento de la constructora. Esta acción ha levantado sospechas sobre posibles influencias y protecciones hacia los directivos de la empresa.
Quezada responsabilizó a las autoridades judiciales por su falta de respuesta contundente ante las denuncias y la evidencia de fraude. Las víctimas continúan exigiendo justicia y protección, mientras que el temor aumenta entre los afectados y sus defensores, quienes advierten que la inacción de las autoridades podría perpetuar la impunidad y poner en riesgo sus vidas.
Contexto y Expectativas
El caso ha captado la atención pública debido a la gravedad de las acusaciones y la presión ejercida por los denunciantes para que se tomen acciones concretas. La falta de avances significativos en el proceso legal ha generado desconfianza y frustración entre quienes esperan una resolución que restablezca la justicia.
En un contexto donde la corrupción y el abuso de poder son preocupaciones constantes, la necesidad de transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades es más apremiante que nunca. Las víctimas y sus abogados continúan haciendo un llamado urgente para que el Ministerio Público y otras entidades relevantes actúen con celeridad y firmeza.
La comunidad sigue de cerca el desarrollo de este caso, esperando que las autoridades tomen medidas decisivas para garantizar la seguridad de los implicados y para que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. La situación plantea preguntas importantes sobre la eficacia del sistema judicial y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a prácticas empresariales cuestionables.
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