Diario al Día| Santo Domingo, República Dominicana – Giancarlos Encarnación enfrenta una orden de arresto por presunto abuso sexual contra dos hermanas menores en Boca Chica, pero permanece libre debido a que la Policía no ha ejecutado la medida.

Las víctimas, de 13 y 16 años, viven en el sector Valiente y son madres de bebés de cinco y cuatro meses, nacidos tras los abusos denunciados por su familia.

Rosa Medina, madre de las jóvenes, denunció que la Policía Nacional ha justificado la falta de acción con la ausencia de transporte para realizar la detención, argumento que ella considera poco creíble.

Medina explicó que el oficial encargado le dijo que debía esperar porque estaba «a pie», pero ella señaló que los agentes siempre cuentan con vehículos para cumplir sus funciones.

La familia presentó la querella formalmente y obtuvo la orden de arresto, activando el sistema judicial. Sin embargo, la falta de ejecución ha dejado sin efecto esta decisión, mientras el acusado continúa circulando libremente en la comunidad.

Imágenes de las redes sociales de Encarnación muestran una actitud relajada, en contraste con la difícil situación que enfrentan las menores.

El caso también revela deficiencias en el sistema de salud pública, ya que ninguna maternidad emitió alerta cuando las adolescentes acudieron embarazadas a los centros médicos, a pesar de su corta edad.

En República Dominicana no existen protocolos automáticos para notificar al Ministerio Público cuando una menor de 15 años llega embarazada a un centro de salud, lo que dificulta la detección temprana y perpetúa la impunidad.

Esta situación deja la carga de la denuncia y la persecución penal en manos de familias vulnerables, como la de Boca Chica.

Rosa Medina sostiene a sus hijas y nietos sin apoyo institucional y rechaza cualquier arreglo económico con el acusado. Exige que la orden de arresto se cumpla para que se haga justicia.

«Ya no quiero que él se haga cargo porque a ella no le hace falta nada. Yo sí quiero que él pague por lo que nos hizo», afirmó con firmeza.

Para proteger la identidad de las menores, sus rostros fueron desenfocados en la cobertura periodística, aunque la precariedad de su entorno quedó visible, reflejando las condiciones en que viven.

Este caso pone en evidencia la necesidad de redes institucionales que actúen de oficio ante indicios claros de abuso infantil, para garantizar la protección de la niñez dominicana.

Por ahora, la orden de arresto contra Giancarlos Encarnación sigue sin ejecutarse en Boca Chica, mientras la familia espera una respuesta efectiva de la justicia.

Policía Nacional

Ministerio Público

Boca Chica

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