Diario al Día| Santo Domingo, República Dominicana – Dory Luz Díaz Feliz, residente en el sector San Isidro El Bonito, en Santo Domingo Este, ha denunciado públicamente que recibe amenazas de muerte por parte de su expareja, situación que mantiene en constante temor a ella y a sus tres hijos.
La mujer, de 42 años, madre de tres hijos de 20, 16 y 14 años, asegura que a pesar de contar con una orden de protección vigente, su expareja, Rubén Darío Falcón Contreras, de 43 años, continúa hostigándola y persiguiéndola, incluso en su lugar de trabajo.
Según explicó Dory Luz, el Ministerio Público ordenó a Falcón Contreras abandonar la residencia que ambos compartían, pero él no ha acatado esta disposición, lo que ha incrementado la tensión entre ambos y ha generado un ambiente de inseguridad para la denunciante.
La mujer manifestó que el conflicto se ha intensificado en los últimos días, señalando que el pasado 20 de abril fue agredida por su expareja, y que al día siguiente formalizó una denuncia ante las autoridades competentes.
Además, Dory Luz indicó que su expareja la sigue hasta su lugar de trabajo y que las amenazas de muerte se han vuelto más frecuentes y directas, lo que ha generado un ambiente de constante temor para ella y sus hijos.
El desacuerdo por la división de bienes comunes ha agravado la situación, ya que el hombre se niega a llegar a un acuerdo patrimonial o familiar, según las declaraciones de la afectada.
Ella afirmó que su expareja no busca un arreglo ni con ella ni con los hijos, sino que quiere la casa o que ella se retire de la misma.
La denunciante expresó sentirse desesperada e intimidada, y señaló que la situación afecta no solo su seguridad, sino también la estabilidad emocional de sus hijos, quienes viven bajo la sombra de esta incertidumbre.
Las autoridades dominicanas han identificado que las amenazas de muerte en casos de violencia de género constituyen señales de alerta que requieren atención inmediata para prevenir situaciones de mayor riesgo.
Dory Luz hizo un llamado urgente a las instituciones del Estado para que actúen con prontitud y efectividad, evitando que la situación escale y afecte gravemente a su familia.
Este caso pone en evidencia la necesidad de evaluar la efectividad de los mecanismos de protección para mujeres en el país, especialmente cuando las órdenes de protección no son suficientes para garantizar su seguridad.
Actualmente, el caso está bajo investigación y seguimiento por parte del sistema judicial dominicano, que deberá actuar con la celeridad que la situación demanda para proteger a la denunciante y a sus hijos.