El testimonio de una mujer de 24 años expone un presunto manejo clínico inadecuado ocurrido en un centro de salud en septiembre del presente año. Ella relata que una cesárea realizada el 5 de septiembre por “preeclampsia leve” derivó en una serie de complicaciones que incluyeron afectación intestinal y una infección significativa dentro de la cavidad abdominal.
Afirma que sus señales de alarma fueron minimizadas y que una nueva intervención, efectuada dos días después, dejó una abertura extensa que no recibió la atención posterior esperada. También describe un entorno con fallas marcadas en limpieza, restricciones para comunicarse con su familia y procedimientos sin autorización, incluido uno de carácter definitivo que asegura no haber aprobado.
De acuerdo con su relato, tras ser programada la cesárea el 5 de septiembre, recibe el alta al día siguiente pese a experimentar molestias abdominales, distensión y dificultad para acostarse. Señala que envió mensajes a la profesional tratante solicitando una sonografía porque “la barriga se me está hinchando”, sin obtener una respuesta efectiva. El centro atribuye las molestias a falta de evacuación. Para el 8 de septiembre, la distensión persiste y ella regresa al mismo hospital. Las primeras imágenes indican presencia de “líquido amniótico”, diagnóstico que luego no coincidió con lo encontrado más adelante.
La mujer comenta que, en la madrugada del 8 de septiembre, se decide intervenirla nuevamente. Expresa que pidió mantenerse acompañada, pero sus inquietudes presuntamente fueron dejadas de lado. A su familia se le indicó que se revisaría la zona de la cesárea, aunque al despertar se encontraba en la unidad de cuidados intensivos con una incisión ampliada. Según un informe que cita, el equipo halló áreas intestinales con daño y una cantidad considerable de desechos en la cavidad abdominal. El hospital atribuyó el cuadro a una apendicitis que “se rompió”, pero ella insiste en que no tuvo señales previas compatibles.
Sostiene que el 19 de septiembre recibe el alta directamente desde cuidados intensivos, sin pasar por una sala de recuperación, y con la abertura abdominal comprometida. Describe higiene insuficiente, cambios de sábanas irregulares, drenajes manipulados sin claridad y momentos de sedación durante horas de visita, lo que dificultaba hablar con su familia. Menciona que cada intento de comunicación elevaba su presión y que el personal atribuía su estado a problemas respiratorios, sin registros previos que lo sustentaran.
Ese mismo día, familiares la trasladan a un centro privado donde una nueva sonografía sugiere acumulación de pus y un hemograma refleja valores elevados de glóbulos blancos. Es ingresada nuevamente a cuidados intensivos. Según su versión, esto demuestra que no estaba en condiciones de recibir el alta. En esta etapa recibe tratamiento antibiótico intensivo, limpieza del área comprometida y seguimiento por cerca de doce días. La herida sigue drenando y presenta reaperturas asociadas a restos de sutura que, según profesionales del centro privado, afectaban la cicatrización.
Relata que, al revisar su expediente días después, encuentra una firma atribuida a ella para autorizar un procedimiento definitivo que asegura nunca haber aprobado. Señala que la firma no coincide con su caligrafía y que falta la rúbrica obligatoria de un familiar. También menciona un intercambio accdental de pertenencias del recién nacido y afirma haber sido vulnerada verbal y de manera física por un profesional sustituto durante una consulta prenatal, incidente que, según afirma, fue conocido por la dirección sin medidas posteriores.
Expone que actualmente mantiene una abertura que continúa cerrándose desde septiembre, con limitaciones físicas y dificultades para retomar su actividad laboral. Afirma que no ha recibido respuestas claras del centro, incluso después de enviar fotografías de la lesión al director. Sostiene que algunos documentos habrían sido modificados y que ha enfrentado negativas institucionales. Ha contratado representación legal y planea avanzar con acciones formales. Concluye pidiendo a las autoridades una investigación independiente que permita aclarar los hechos y garantizar un proceso transparente destinado a obtener claridad y reparación.