Diario al Día| Santo Domingo, República Dominicana – Una mujer de 24 años ha solicitado una investigación independiente sobre la atención médica recibida tras una cesárea realizada el 5 de septiembre en un centro de salud local.
La intervención se realizó debido a un diagnóstico de preeclampsia leve, pero luego presentó complicaciones abdominales que motivaron una segunda cirugía.
La paciente reportó molestias abdominales, distensión y dificultad para acostarse después de la cesárea. A pesar de sus solicitudes para realizar una sonografía, el personal médico atribuyó sus síntomas a falta de evacuación y no brindó una respuesta adecuada.
El 8 de septiembre regresó al hospital, donde estudios iniciales indicaron la presencia de líquido amniótico, diagnóstico que posteriormente fue cuestionado.
En la madrugada del 8 de septiembre se decidió intervenirla nuevamente. La mujer pidió estar acompañada durante el procedimiento, pero asegura que su solicitud fue ignorada.
Tras la operación, fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos con una incisión ampliada. Según un informe citado por la paciente, se encontraron áreas intestinales dañadas y residuos en la cavidad abdominal.
El hospital atribuyó esta situación a una apendicitis que se habría roto, aunque la paciente niega haber presentado síntomas compatibles.
El 19 de septiembre recibió el alta directamente desde cuidados intensivos, sin pasar por una sala de recuperación y con la herida abdominal aún comprometida.
Durante su estancia, la paciente reportó deficiencias en la higiene, cambios irregulares de sábanas, manipulación poco clara de drenajes y periodos prolongados de sedación que dificultaban la comunicación con sus familiares.
Además, el personal médico atribuyó su estado a problemas respiratorios sin registros previos que lo confirmaran.
Ese mismo día, fue trasladada por sus familiares a un centro privado donde una nueva sonografía sugirió acumulación de pus y un hemograma mostró valores elevados de glóbulos blancos.
Fue ingresada nuevamente en cuidados intensivos, donde recibió tratamiento antibiótico intensivo, limpieza del área afectada y seguimiento durante cerca de doce días.
La herida continuó drenando y presentó reaperturas relacionadas con restos de sutura, lo que dificultó la cicatrización, según profesionales del centro privado.
La paciente también denunció que en su expediente médico aparece una firma atribuida a ella para autorizar un procedimiento definitivo que asegura no haber aprobado.
Señala que la firma no coincide con su caligrafía y que falta la rúbrica obligatoria de un familiar.
Además, relata un incidente de trato inapropiado por parte de un profesional sustituto durante una consulta prenatal, situación que habría sido conocida por la dirección del centro sin que se tomaran medidas al respecto.
Actualmente, la mujer mantiene una abertura en proceso de cierre desde septiembre, con limitaciones físicas que afectan su capacidad para retomar sus actividades laborales.
Ha contratado representación legal y ha enviado fotografías de la lesión al director del centro, sin recibir respuestas claras. También señala que algunos documentos podrían haber sido modificados y que ha enfrentado negativas institucionales.
Las autoridades del centro de salud no han emitido declaraciones oficiales sobre el caso.
La paciente solicita a las autoridades una investigación independiente que permita esclarecer los hechos y garantizar un proceso transparente que proteja los derechos de los pacientes y brinde claridad sobre la atención recibida.