Diario al Día, Estados Unidos- El gobierno de EE.UU. publicó una nueva regla federal que extiende a un año el tiempo requerido para que solicitantes de asilo puedan tramitar un permiso laboral, vigente desde el 24 de abril.
La modificación redefine los procedimientos para quienes ingresan al sistema de protección humanitaria, respondiendo a órdenes ejecutivas emitidas por la administración de Donald Trump, orientadas a reorganizar el sistema migratorio del país.
El mandatario señaló durante su segundo periodo que un número elevado de personas había ingresado sin admisión formal.
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Aunque el gobierno no precisó cifras exactas, sí reconoció que programas como CBP One y CHNV facilitaron la llegada de más de un millón de personas con permisos temporales orientados a regularizar su situación.
Este escenario generó un aumento significativo en la carga operativa. La base de datos de USCIS mostraba alrededor de 1.5 millones de solicitudes de permisos laborales vinculadas a casos afirmativos, mientras otras 2.4 millones se encontraban en tribunales de inmigración.
La extensión de los tiempos de espera, que superó los 180 días, motivó la emisión de autorizaciones provisionales y la creación del nuevo marco regulatorio.
Expertos destacan efectos directos sobre los solicitantes. José Guerrero, representante legal en Miami, explicó que toda persona solicitante —sin importar si su caso está en corte o ante USCIS— dependerá de los mismos procedimientos administrativos, por lo que “todos se verán impactados”.
Quienes ya se encuentran en trámite deberán prepararse para demoras más largas. Álex Gálvez, desde Los Ángeles, indicó que la percepción de solicitudes indebidas no está sustentada en datos verificables, aunque aun así la regla influirá en casos con fundamentos sólidos.
Entre los cambios principales se incluyen: 365 días de espera antes de pedir un permiso laboral; revisión más estricta de formularios; posibles rechazos sin conservar la fecha de presentación; obligatoriedad de datos biométricos; y un plazo evaluativo de hasta 180 días.
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La norma también establece que quienes ingresen sin inspección tras la entrada en vigor quedarán fuera de elegibilidad, salvo que manifiesten de inmediato su intención de solicitar protección o sean menores no acompañados.
Respecto a renovaciones, los permisos vigentes se mantendrán hasta su vencimiento, mientras que quienes hayan desistido de sus casos o no asistan a entrevistas o citas biométricas perderán la opción de extenderlos.
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La pausa para solicitudes iniciales se aplica tanto a la vía afirmativa como defensiva.
Jaime Barrón, abogado en Dallas, describió estos ajustes como de gran alcance, al considerar que complican la permanencia de quienes llegan en busca de resguardo.
No obstante, el DHS asegura que la medida fortalece la seguridad nacional y la integridad del programa de asilo.
El impacto inmediato afecta a quienes inicien trámites desde la nueva fecha, enfrentando tiempos más extensos, revisiones rigurosas y mayores requisitos administrativos, sujetos a la normativa oficial vigente.