Diario al Día, Santo Domingo, RD- La procuradora Yeni Berenice Reinoso afirmó que el Ministerio Público no mantiene acuerdos con personas vinculadas al caso SENASA, investigación activa, reservada y considerada de alto impacto social.
Reinoso explicó que las diez personas señaladas enfrentan el proceso en igualdad de condiciones, sin gestiones paralelas ni tratos diferenciados.
El expediente corresponde a la Operación Cobra, pesquisa que detectó manejo administrativo irregular dentro del Seguro Nacional de Salud durante distintos períodos.
Según análisis financieros, el esquema generó un desbalance superior a quince mil novecientos millones de pesos, comprometiendo estabilidad financiera institucional.
El Ministerio Público indicó que el desajuste impactó la prestación de servicios de salud, afectando personas de bajos ingresos y pacientes continuos.
Como máxima autoridad, la procuradora reiteró que la investigación se desarrolla con criterios técnicos y jurídicos, sin influencias políticas ni presiones externas.
Auditorías financieras detectaron pagos atípicos y contrataciones cuestionadas, elementos que motivaron la activación formal de la Operación Cobra institucional posterior.
El desbalance superior a quince mil novecientos millones de pesos afectó la prestación de servicios, según el Ministerio Público dominicano.
La procuradora afirmó que no existen acuerdos ni tratos diferenciados con las personas investigadas en este proceso judicial actual vigente.
La Operación Cobra inició tras auditorías que alertaron sobre pagos atípicos, contrataciones cuestionadas y gestiones administrativas inconsistentes con los servicios reportados.
Según las autoridades, la estructura analizada utilizó mecanismos internos para redirigir recursos, limitando la capacidad de SENASA de cumplir su función esencial.
SENASA administra la cobertura médica de millones de afiliados, por lo que irregularidades generan consecuencias inmediatas en hospitales, clínicas y farmacias.
El Ministerio Público busca establecer responsabilidades individuales, documentar el flujo de recursos y precisar cómo se produjo el desbalance financiero identificado.
Reinoso desmintió versiones políticas y mediáticas sobre gestiones discrecionales, asegurando que no existen procedimientos abreviados ni esquemas de colaboración especial.
La procuradora recordó que procesos de alto impacto requieren tiempo, rigurosidad y respeto al debido proceso institucional en investigaciones complejas.
Diversos sectores han solicitado transparencia, medidas correctivas y recuperación de fondos, considerando que los recursos comprometidos pertenecen a la población afiliada.
Actualmente, la Operación Cobra continúa en fase de profundización probatoria, con análisis documentales, financieros y testimoniales bajo supervisión judicial constante.
Las autoridades confirmaron que las diez personas involucradas permanecen vinculadas al proceso, sin excepciones, conforme a los procedimientos legales vigentes.
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