Operativo migratorio en Nueva Orleans genera tensión y preocupación en comunidades locales

Una operación federal desplegada en Nueva Orleans para detener a personas sin estatus migratorio abrió un nuevo capítulo en la estrategia nacional impulsada por el presidente Donald Trump. La iniciativa ha provocado inquietud entre familias y líderes locales.

La acción comenzó esta semana en distintos puntos de la ciudad y, según autoridades federales, está dirigida a personas con antecedentes que fueron liberadas de custodia local bajo políticas que limitan la colaboración con agencias migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional explicó que estos operativos se enmarcan en las órdenes del mandatario republicano, quien ha buscado elevar las deportaciones mediante intervenciones en ciudades administradas por demócratas como Los Ángeles, Chicago y Washington, D.C.

El contexto ayuda a entender por qué la reacción en Nueva Orleans ha sido inmediata. La oficina de la alcaldesa LaToya Cantrell no respondió solicitudes de comentario, mientras que la Policía de Nueva Orleans tampoco ofreció declaraciones.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, figura que respalda la cooperación con el Gobierno federal, reiteró en radio local su apoyo a este tipo de acciones, aunque su despacho evitó ampliar la información.

En varias comunidades de la ciudad, lo que siguió sorprendió a varios. Residentes y funcionarios locales han señalado que, en operativos similares, agentes han retenido a personas sin historial delictivo y han empleado procedimientos que generan temor entre familias que llevan años establecidas.

En un restaurante familiar, por ejemplo, una trabajadora acondicionó colchonetas para que sus parientes pasaran las noches allí ante la posibilidad de ser detenidos al moverse por la ciudad.

Horas más tarde, esa misma mujer —identificada únicamente como Abby— contó que llegó desde México hace dos décadas y que aún no ha podido regularizar su situación. Su principal inquietud, dijo, es ser separada de su hijo de 10 años, nacido en Estados Unidos.

Para quienes siguen este tema, su relato refleja una preocupación extendida: “Somos personas que trabajamos desde temprano para salir adelante”, comentó.

El panorama legal también está cambiando. Un juez federal puso fin en noviembre a un acuerdo firmado en 2013 que limitaba la ayuda que la Policía de Nueva Orleans podía ofrecer a las autoridades migratorias.

Aun así, la superintendenta Anne Kirkpatrick recalcó días después que la ciudad no aplicará leyes migratorias federales, manteniendo así una larga tradición de autonomía local. El Departamento de Justicia incluyó recientemente a Nueva Orleans en su lista de “ciudades santuario”.

En paralelo, fuentes federales indicaron que el despliegue forma parte de un plan más amplio. Un funcionario informó a Reuters que Gregory Bovino, jefe de misiones similares en Los Ángeles, Chicago y Charlotte, tenía previsto dirigir esfuerzos en Nueva Orleans, ciudad con una población cercana a las 384,000 personas.

Con esto, crece la expectativa sobre cómo evolucionará una estrategia que, por ahora, mantiene a miles de familias pendientes de cada anuncio oficial.