Diario al Día| Puerto Príncipe, Haití – Una denuncia presentada ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra las operaciones militares de Nayib Bukele en Haití ha generado una controversia internacional y un debate sobre la posibilidad de exigir responsabilidades por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La polémica comenzó después de que la Asociación de las Naciones Unidas-Haití (UNA-Haití), una organización independiente que no forma parte de la ONU, denunciara supuestos ataques contra zonas habitadas por civiles. El presidente salvadoreño rechazó las acusaciones.
La denuncia que provocó la controversia
En una comunicación fechada el 28 de octubre de 2026 y dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, la organización haitiana denunció presuntas operaciones aéreas de fuerzas salvadoreñas desde el 22 de octubre.
El documento, atribuido a Harvey Dupiton, fundador de UNA-Haití, señala posibles ataques en Croix-des-Bouquets, Canaán y la Plaine du Cul-de-Sac, sectores próximos a Puerto Príncipe.
La entidad solicitó una investigación sobre las denuncias de muertes de civiles y pidió que el Consejo de Seguridad examinara la legalidad de las operaciones militares salvadoreñas.
Sin embargo, no se han presentado resultados de una investigación independiente que confirme esos señalamientos. Tampoco existe información pública verificada que permita afirmar que se haya iniciado un proceso penal internacional contra Bukele por estos hechos.
Bukele rechaza las acusaciones y cuestiona las fechas
El 31 de octubre, Bukele respondió públicamente a la denuncia y sostuvo que los helicópteros de ataque salvadoreños llegaron a Haití el 29 de octubre, un día después de la fecha que aparece en la comunicación.
El mandatario afirmó que, hasta ese momento, las aeronaves no habían realizado misiones de combate y negó que sus fuerzas hubieran efectuado los bombardeos denunciados.
Por su parte, la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por la ONU, aseguró que sus operaciones prohíben el uso de dispositivos explosivos. Esa declaración se refiere a las fuerzas que actúan bajo su estructura.
¿Podría Bukele enfrentar una acusación internacional?
La controversia también ha generado discusiones sobre la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), encargada de investigar y juzgar determinados crímenes internacionales cuando se cumplen los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma.
Haití firmó ese tratado, pero no lo ratificó. El Salvador, en cambio, se incorporó formalmente el 3 de marzo de 2016.
El artículo 12 del Estatuto de Roma establece que la Corte puede ejercer jurisdicción, bajo determinadas condiciones, cuando el presunto responsable es nacional de un Estado parte. Por eso, la falta de ratificación de Haití no excluye automáticamente cualquier posibilidad de investigación.
No obstante, una denuncia sobre posibles víctimas civiles tampoco demuestra por sí sola la existencia de crímenes de lesa humanidad. Esa calificación requiere elementos jurídicos específicos y pruebas sobre las conductas investigadas.
Continúa la operación militar salvadoreña
El despliegue de El Salvador comenzó a ampliarse después de la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños el 18 de octubre, tras una emboscada de grupos armados en la zona de Croix-des-Bouquets.
Bukele anunció una operación de rescate el 21 de octubre y posteriormente desplegó más de 2,000 militares en Haití, una movilización que también ha generado interrogantes sobre el mando y el alcance de las operaciones.
El 4 de noviembre, el mandatario confirmó que helicópteros salvadoreños intervinieron para repeler un ataque de bandas armadas contra efectivos de Chad pertenecientes a la fuerza multinacional.
Ese mismo día se informó que las autoridades haitianas habían localizado el vehículo utilizado por los cuatro salvadoreños desaparecidos, pero todavía no habían conseguido encontrarlos.
Mientras continúan las operaciones de búsqueda, la denuncia de UNA-Haití permanece como un señalamiento que requiere investigación. Hasta el 4 de noviembre de 2026 no se ha confirmado públicamente una acusación formal contra Bukele ante la Corte Penal Internacional relacionada con esta intervención.