En la provincia de Azua, un incidente perturbador ha generado gran preocupación entre la comunidad educativa y las autoridades locales. El suceso tuvo lugar frente a la escuela Ramón Matías Mella, ubicada en el sector de Los Acostados, y ha suscitado un intenso debate sobre la seguridad de los estudiantes en la región. Una menor de 12 años, según la denuncia hecha por su tía, fue víctima de una agresión física por parte de una vendedora ambulante tras salir de clases, lo que ha puesto en el foco la efectividad de las medidas de protección para los menores.
La tía de la menor, profundamente preocupada, destacó la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades competentes en Azua. En su relato, señala que la agresión ocurrió después de una disputa menor entre la estudiante agraviada y una hermana de la presunta agresora dentro del centro educativo. El incidente no solo dejó a la menor con lesiones visibles, sino que también sembró el miedo en ella, afectando su deseo de continuar asistiendo a clases regularmente.
Reacciones de la comunidad y medidas solicitadas
La indignación se ha extendido entre los habitantes del sector, especialmente entre los padres de familia que diariamente confían en la seguridad del entorno escolar. La tía de la niña expresó su frustración ante lo que describe como una negligencia de la Fiscalía de Azua en el tratamiento inicial del caso. Se ha señalado que, a pesar de presentar la denuncia ante la Policía Nacional y seguir los procedimientos médicos pertinentes, los intentos por hablar directamente con el fiscal fueron infructuosos. La denuncia fue recibida, pero categorizada como un simple “altercado por un trabajo pagado y no realizado”, lo cual ha causado descontento entre los denunciantes.
Ante esta situación, la comunidad ha alzado la voz solicitando a las autoridades correspondientes, incluyendo a la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes, que tomen cartas en el asunto con prontitud. Se busca no solo resolver esta situación particular, sino también implementar protocolos más claros y efectivos que aseguren la paz y el bienestar de los estudiantes en sus entornos educativos. Este caso sirve como un recordatorio urgente de la importancia de proteger a los menores y proveerles un espacio seguro para su desarrollo académico y personal.
Expectativas y seguimiento del caso
Hasta el momento, el caso permanece bajo atención de las autoridades pertinentes. Sin embargo, la familia de la menor agraviada ha manifestado su insatisfacción con el progreso de la investigación, insistiendo en la necesidad de medidas preventivas que garanticen que incidentes similares no se repitan. A nivel comunitario, se ha instado a la colaboración entre las autoridades escolares y locales para intensificar las medidas de seguridad alrededor de las escuelas de Azua.
A medida que se espera una respuesta más firme desde las esferas judiciales, la presión de la ciudadanía y de los medios locales podría catalizar acciones más decisivas de las instituciones encargadas. Este complejo suceso realza la urgencia de protocolos eficientes que respondan a eventualidades que comprometen la integridad física y emocional de los menores.
Se espera que la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes emita un comunicado oficial en los próximos días, detallando las acciones a emprender para restablecer la confianza en el sistema de protección de menores y asegurar la tranquilidad de las familias afectadas.