En el sector de Cancino Adentro, localizado en Santo Domingo Este, República Dominicana, un hecho lamentable ha generado un profundo sentimiento de consternación entre los residentes. Una niña de corta edad sufrió severas quemaduras producto de un acto violento, presuntamente perpetrado por otra menor del mismo vecindario. El episodio, calificado por muchos como un reflejo de la vulnerabilidad de los menores en entornos conflictivos, ha sacado a la luz las debilidades del sistema de protección infantil ante situaciones de esta índole.
Antecedentes del caso y respuesta comunitaria
La menor afectada se encontraba bajo el cuidado de su tía y madre de crianza, Josefina Reyes, desde apenas los dos meses de nacida. Con un carácter descrito como alegre y pacífico, la niña sufrió un cambio radical en su vida el 23 de marzo, día en que sucedió el ataque alrededor de la una de la tarde. Un hombre llegó en un motor y dejó a la niña gravemente herida frente a la casa de Josefina. La supuesta responsable, una menor conocida como Nashley o Nasli, habría empleado gasolina para causar el daño, un acto que dejó marcas tanto físicas como psicológicas permanentes.
Desde el suceso, el entorno comunitario ha expresado su preocupación y solidaridad con la familia afectada. Vecinos comentan que los conflictos entre ambas menores eran conocidos, siendo común que Nashley ejerciera manipulación sobre la víctima. La situación era tensa, no solo por los antecedentes de violencia de Nashley, sino también por la implicación de terceros adultos en el barrio, quienes habrían instigado el conflicto utilizando a las menores como peones en sus desacuerdos personales. Este tipo de dinámicas revela una falta de intervención temprana por parte de las autoridades para mitigar potenciales riesgos y conflictos entre menores.
Desafíos en la asistencia y medidas institucionales
El desarrollo del caso evidencia una preocupante falta de celeridad por parte de las autoridades competentes en brindar apoyo a la víctima. A pesar de la gravedad de las lesiones ocasionadas por el acto, la presunta agresora fue dejada en libertad, y no se han dado pasos judiciales claros para asegurar la seguridad de la niña agredida. Asimismo, el acceso a atención psicológica y médica ha sido limitado, exponiendo a la menor a un proceso de recuperación deficiente tanto física como emocionalmente.
Uno de los mayores retos ha sido, sin duda, el entorno familiar de la niña. La ausencia de los padres biológicos ha dejado a Josefina Reyes en una situación de alta responsabilidad, asumiendo no solo las obligaciones inherentes a la crianza de la menor, sino también los costos económicos y emocionales de su recuperación. El apoyo parcial de la fundación Jompéame, aunque valioso, no ha sido suficiente para cubrir todas las necesidades terapéuticas y educativas que la pequeña requiere. Estos factores subrayan la urgente necesidad de un sistema de apoyo estatal más robusto y accesible, que garantice la protección de los derechos de las niñas y jóvenes afectadas por violencia en todas sus formas.
La comunidad y las autoridades locales están a la espera de un comunicado oficial que describa las medidas que se tomarán para abordar este incidente y prevenir futuros casos. Hasta el momento, se espera que las instituciones encargadas de proteger a los menores tomen acciones más efectivas para garantizar un ambiente seguro y adecuado para el desarrollo de la infancia, así como la implementación de programas de intervención temprana y el fortalecimiento de las redes de apoyo local.