Un juez del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim y a otros seis señalados en el caso Senasa, según se informó la noche del domingo.
La decisión la tomó el magistrado Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras concluir la audiencia de medida de coerción.
El tribunal dispuso que Hazim, exdirector de Senasa, cumpla la medida en Najayo, de acuerdo con lo indicado en la sala.
Junto a Hazim, la prisión preventiva también fue impuesta a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones.
En la lista de imputados con la misma medida figuran además Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Horas más tarde, el juez ordenó medidas menos gravosas para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo un pedimento del Ministerio Público.
Para ellos se dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica, según se informó en el tribunal tras conocerse el fallo.
El Ministerio Público, a través de su Dirección General de Persecución y la Pepca, había solicitado prisión preventiva para siete de los diez encartados.
En esa solicitud participaron fiscales como Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán.
También participaron los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Mirna Ortiz, quienes pidieron, además, que el proceso sea declarado complejo.
Del lado de la defensa, los abogados solicitaron que se rechazara la prisión preventiva y se aplicaran arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica.
En esa misma línea, pidieron garantías económicas como parte de las medidas alternativas que, a su juicio, resultaban suficientes para el proceso.
El contexto ayuda a entender la dimensión del expediente: al grupo se le atribuyen cargos como coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de malhechores.
En el documento también se mencionan señalamientos de cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos.
Además, se incluyen imputaciones por lavado de activos, en una lista de figuras penales que el Ministerio Público coloca como parte del caso.
Para quienes siguen este tema, la cronología reciente fue clave: el 6 de diciembre Hazim llegó a la Procuraduría y luego se informó su detención.
Entre ese sábado y el lunes 8 se dieron a conocer los nombres de los diez detenidos, a quienes se vincula con una presunta red.
El miércoles 10 de diciembre, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso dijo que las pesquisas continúan y que podrían sumarse más personas.
La audiencia concluyó en la madrugada del sábado, y el juez reservó su fallo para el domingo a las 6:00 de la tarde.
Lo que siguió sorprendió a varios: cerca de las 9:00 de la noche, el magistrado dijo brevemente que estaba deliberando, y a las 10:00 se conoció la decisión.