Diario al Día, Santo Domingo- Afiliados de Senasa reportaron no reconocer servicios registrados como autorizados, lo que encendió las alarmas y derivó en investigación del Ministerio Público.
El expediente describe un patrón repetido de montos elevados y afiliados seleccionados para sustentar autorizaciones de atenciones que no se realizaron durante el periodo investigado.
Según la solicitud de medida, el esquema habría afectado a la ARS estatal Senasa por más de 15,000 millones de pesos, con autorizaciones gestionadas entre enero de 2022 y febrero de 2025.
La auditoría interna revisó la facturación del prestador Grupo Siulrod, S.R.L., detectando señales persistentes de irregularidad en los registros y en los montos presentados al sistema.
El informe destacó que el 100 % de los afiliados contactados —34 personas— no reconoció los servicios autorizados en las fechas examinadas por la investigación interna del Ministerio Público.
Además, se observaron alzas atípicas en los montos aprobados al prestador, con un incremento que la auditoría describió como exponencial durante el periodo revisado.
El esquema se apoyaba en afiliados reales y prestadores habilitados para reportar procedimientos y tratamientos que en realidad no fueron ejecutados, según el expediente oficial.
La investigación identificó un patrón en la muestra: afiliados con al menos una consulta en centros de índole militar o policial, recurrentes en varios historiales examinados por la auditoría.
Entre los centros citados figuran el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, el Hospital General de la Policía Nacional y el Hospital Militar Ramón de Lara, todos recurrentes en los registros revisados.
También se mencionan el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo Médico Base Naval 27 de Febrero, usados para explicar la repetición del patrón en los afiliados seleccionados.
La auditoría detectó duplicidad sistemática: el 33 % de los afiliados consultados presentaba registros duplicados en su historial de atenciones, según el documento del Ministerio Público.
Se identificaron autorizaciones con varias consultas generales y especializadas el mismo día, que los afiliados al ser contactados no reconocieron, confirmando irregularidades en la gestión de servicios.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, exdirector de Senasa, y a seis imputados más involucrados.
Entre ellos figuran Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, según el expediente.
El tribunal también concedió medidas menos gravosas a tres imputados colaboradores, imponiendo arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica de un millón de pesos a Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
Al empresario Eduardo Read Estrella, imputado en el proceso, se le impuso impedimento de salida y arresto domiciliario conforme a la decisión del tribunal, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación.