En un decisivo fallo, la jueza Yeriza Cabral de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva contra Alexander Ramón Peralta Henríquez. Este hecho se vincula con un presunto intento de ofrecer sumas que oscilaban entre quince y veinte mil pesos para obtener los favores de una menor con fines ilícitos, según detalles emanados del expediente judicial.
El proceso judicial determinó que el implicado será trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, como parte del riguroso seguimiento de la causa. El Ministerio Público ha catalogado los cargos en su contra como trata de personas y otros delitos severos relacionados con la explotación infantil, delitos que han suscitado mayor escrutinio hacia las políticas y medidas de protección infantil en la región.
Implicación y declaración de la otra acusada
El caso ha generado reacciones encontradas y conmoción pública, especialmente tras la detención de una segunda implicada, Luisa, quien fue grabada durante el intercambio y cuya participación ha sido objeto de debate. La evidencia difundida en redes sociales jugó un papel significativo en el proceso judicial. Pese a las acusaciones, Luisa declaró fuera del tribunal que su involucramiento fue malinterpretado y que no tenía intención de participar en los actos que se le imputan. “Yo no le iba a conseguir la chiquita. Él quiere que yo le consiguiera una menor y yo le dije que soy una vieja, que ‘cómo tú la quieres’. Yo tengo a mis hijos”, expresó, manifestando su deseo de recuperar la libertad.
A pesar de sus declaraciones, Luisa también deberá cumplir una prisión preventiva de tres meses, medida que busca garantizar su comparecencia en el avance del proceso judicial. Este caso ha suscitado un debate más amplio en torno a la vigilancia comunitaria y el papel de las pruebas digitales en la justicia moderna.
Perspectivas del proceso judicial y jurídico
Las autoridades judiciales de Santiago han indicado que esta fase de prisión preventiva marca solo el comienzo de un proceso exhaustivo y que las investigaciones continuarán para determinar si hay elementos adicionales que puedan modificar la dirección de las acusaciones o las medidas coercitivas impuestas. En la actualidad, ambos acusados permanecen bajo custodia, a la espera de futuras audiencias de revisión y la presentación formal del expediente completo ante el juzgado. Esta situación ha llevado a una reflexión más profunda sobre la efectividad y el alcance de las políticas judiciales en la lucha contra la explotación infantil y la protección de los derechos de los menores de edad.
Este caso subraya la importancia de un enfoque legal cuidadoso y la necesidad de sólidos mecanismos de protección que prevengan el maltrato y la explotación de menores en la sociedad. Asimismo, plantea la constante necesidad de educar a las comunidades sobre la identificación y denuncia de comportamientos ilícitos. Las principales instituciones de justicia dominicanas continúan reafirmando su compromiso con la protección de los más vulnerables, prometiendo mantener informada a la población sobre el desarrollo de este caso. Se anticipa que en las próximas semanas se ofrezcan declaraciones oficiales que arrojen luz sobre el avance y resolución de este proceso judicial.