En un significativo desarrollo judicial, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana ha dictado una medida de doce meses de prisión preventiva para Samayra del Rosario Barreto. Esta decisión la vincula a una compleja red de presunta estafa inmobiliaria que ha capturado la atención pública y mediática debido a su envergadura e implicaciones. Esta medida cautelar pretende asegurar su presencia durante el proceso judicial y resguardar la integridad de la investigación.
Detalles del operativo “Guepardo” y implicaciones jurídicas
El amplio operativo denominado “Guepardo”, ejecutado por las autoridades judiciales y de seguridad, concluyó con el arresto de varios individuos acusados de integrar esta red ilícita. Junto a Del Rosario Barreto, también se decretaron medidas similares para Astrid Inmaculada Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno y Loana Paola Guerrero Milián. Cada uno de ellos enfrentará la medida de coerción en centros penitenciarios adaptados a sus condiciones, destacando una diferenciación de instalaciones para hombres y mujeres, lo que evidencia la completitud del procedimiento legal en curso.
Este caso ha cobrado notoriedad debido al vínculo familiar de Del Rosario Barreto con Ramón Antonio del Rosario Puente, conocido como Toño Leña, quien cumple una condena significativa impuesta por la Corte Federal del Distrito Sur de Miami. Estas conexiones familiares han dado pie a preocupaciones adicionales sobre la posible amplitud de la red criminal investigada.
Respuesta comunitaria y seguimiento del proceso judicial
El procedimiento judicial, presidido por la magistrada Margarita Cristo Cristo, se extendió por más de quince horas donde se examinaron las pruebas iniciales y se escuchó a las partes involucradas. La Fiscalía ha señalado que la red operaba bajo la fachada de una empresa denominada Novasco Real Estate, SRL, mediante la cual supuestamente realizaban operaciones fraudulentas utilizando una franquicia de conocida reputación internacional como Re/MAX. Este esquema de negocio presentó un frente legítimo para engatusar potenciales víctimas con ofertas engañosas.
Además, el caso incluye a otros individuos como Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux, con conexiones internacionales subrayadas por el arresto de Loany Lismeiry Ortiz Nova en Colombia, quien se encuentra en espera de extradición. Estos detalles resaltan el alcance transnacional de las operaciones sospechosas, lo cual añade un matiz complejo al proceso judicial en curso.
La comunidad ha expresado sus preocupaciones por las actividades ilícitas que podrían haber afectado a numerosos inocentes mediante engaños en el sector inmobiliario. En respuesta, las autoridades continúan con una vigilancia estricta sobre las actividades financieras vinculadas a esta investigación, prometiendo acciones continuadas para desmontar cualquier remanente de la red.
Las expectativas ahora se centran en los próximos pasos del proceso. El Ministerio Público y las autoridades judiciales han puntualizado que proporcionarán actualizaciones conforme avance el caso, con un firme compromiso de llevar a los responsables ante la justicia, asegurando así la prevalencia del Estado de derecho en estos complejos asuntos.