Diputada demanda a Grupo Alofoke y Eduardo Saint-Hilaire
Diario al Día, República Dominicana- Una diputada y su esposo presentaron una querella penal por presunta difamación en plataformas digitales, señalando afectaciones a su honor y entorno familiar.
La diputada Leivy Bautista y su esposo, el empresario Jean Claude, identificado como Lugel Gasile Guelie, interpusieron una querella penal ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La acción legal fue dirigida contra el comentarista Eduardo Alberto Saint-Hilaire Ramírez y el Grupo Alofoke, por presunta difamación e injuria difundida en plataformas digitales de amplio alcance.
El proceso incluye la constitución en actor civil y se sustenta en la Ley 53-07 sobre delitos tecnológicos, así como en el artículo 367 del Código Penal.
Estas normativas establecen sanciones para la divulgación de contenidos que puedan afectar la honra y reputación de las personas, especialmente cuando se difunden mediante medios digitales con impacto masivo.
De acuerdo con el expediente presentado, el panelista del programa Esto no es Radio Show habría emitido declaraciones públicas reiteradas en contra del empresario.
Según el documento, dichas afirmaciones lo vinculaban con actividades consideradas irregulares, sin que se presentaran evidencias que respaldaran tales señalamientos.
La querella también indica que las declaraciones incluyeron referencias que impactaron directamente la dignidad personal de la legisladora.
En ese sentido, los demandantes sostienen que se produjo un perjuicio moral que habría alcanzado incluso a sus hijos menores de edad.
El documento explica que las expresiones fueron difundidas en espacios digitales de alto consumo y con amplia repercusión pública.
Los querellantes alegan que el contenido constituye una campaña de descrédito orientada a afectar su imagen pública, profesional y personal.
Asimismo, califican las afirmaciones como carentes de sustento probatorio y emitidas de manera irresponsable, generando efectos negativos en su entorno familiar y social.
Dentro del proceso fueron incluidos como terceros civilmente responsables Alofoke Media Group Corp. y Alofoke Music S.R.L.
Estas entidades fueron señaladas por su vinculación con la producción y difusión del programa donde se realizaron las declaraciones cuestionadas.
Para su representación legal, la diputada y su esposo designaron al abogado Miguel Valerio, quien asumirá la conducción del proceso en todas sus etapas.
Esto incluye las diligencias ante el Ministerio Público y los procedimientos que puedan desarrollarse en los tribunales correspondientes.
La acción judicial busca la protección del honor, la dignidad y la integridad pública de los querellantes frente al uso de plataformas digitales.
Finalmente, la instancia presentada activa el proceso investigativo ante la procuraduría especializada, quedando las partes sujetas a las actuaciones legales que determine el Ministerio Público.