Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana — Santiago Matías planteó una modificación a las sanciones por difamación contempladas en el Código Penal, proponiendo que las multas económicas sean la principal medida de castigo y que la prisión quede reservada como una alternativa excepcional.
El comunicador y empresario presentó su propuesta con el objetivo de que el presidente Luis Abinader observe la normativa y permita una extensión de la legislatura para introducir cambios antes de que el nuevo Código Penal entre en vigencia.
Santiago Matías explicó que la difamación debe continuar siendo sancionada, pero consideró que la privación de libertad no debe ser la primera respuesta ante este tipo de casos.
Su planteamiento busca establecer un esquema donde las consecuencias económicas tengan prioridad dentro del marco legal.
La propuesta contempla que la prisión únicamente pueda aplicarse cuando la persona condenada no tenga la capacidad de cumplir con las multas económicas impuestas y después de agotar las reglas correspondientes para determinar esa medida.
Además, el planteamiento incluye la eliminación de las penas complementarias relacionadas con los delitos de difamación, al considerar que las sanciones económicas serían suficientes como mecanismo principal de responsabilidad.
“La difamación debe ser castigada. La prisión solo sería aplicable cuando el condenado no pueda cumplir las multas económicas”, expresó Matías al explicar su posición sobre la modificación planteada.
El comunicador informó que la iniciativa fue consensuada junto a Alofoke, Sandy Sainthilaire, José Peguero, Ramón Tolentino y Ariel Lara, entre otros participantes que formaron parte del proceso de discusión de la propuesta.
Según Santiago Matías, la democracia no se limita únicamente a realizar protestas o expresar desacuerdos, sino que también implica presentar alternativas y propuestas dirigidas a mejorar las normas vigentes.
Por esa razón, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que evalúe los cambios sugeridos antes de que el Código Penal comience a aplicarse oficialmente.
La propuesta abre nuevamente el debate sobre el equilibrio entre la protección del derecho al honor y la libertad de expresión, mientras se acerca la entrada en vigencia de la nueva normativa penal en República Dominicana.