En un hecho que ha resonado con fuerza en la opinión pública de Santo Domingo, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional ha dictaminado una sentencia de tres meses de prisión preventiva para John Lariel Báez, de 20 años. El joven está acusado de causar daño a una menor de 9 años en el sector Capotillo, un evento que ha dejado consternada a la comunidad local y ha destacado las preocupaciones sobre la seguridad en zonas urbanas densamente pobladas.
Investigaciones en Curso Revelan Detalles del Incidente
De acuerdo con la medida de coerción solicitada por el Departamento de Sucesos y Delitos contra la Persona del Distrito Nacional, el incidente se produjo al atardecer del pasado 29 de octubre. Especifican que, alrededor de las 6:00 de la tarde, en la intersección de las calles Respaldo 16 y 42 del sector Capotillo, se desencadenaron los lamentables hechos que han capturado la atención de los medios locales.

Las autoridades sostienen que Báez Álvarez realizó una acción con un objeto de fuego que desafortunadamente impactó en la espalda de la joven víctima, provocándole una lesión crítica en su medula espinal. Este daño ha afectado su movilidad, generando una situación que se encuentra bajo evaluación médica y que tiene a la familia y comunidad en una profunda preocupación.
El trasfondo del incidente parece vincularse a una discusión suscitada por una apuesta entre el progenitor del acusado, Juan Pablo Báez, también conocido localmente por su apodo, y otros participantes, entre ellos Jimmy, Panchito y Enyer. Luego de un altercado que escaló en intensidad, los testigos afirman que los involucrados regresaron con actitudes amenazantes, portando objetos que exacerbaron la confrontación.
Reacciones de la Comunidad y Expectativas
Los residentes de Capotillo han expresado su consternación por la seguridad en su entorno, solicitando una mayor presencia policial y esfuerzos continuos para prevenir la escalada de situaciones violentas, especialmente aquellas que puedan involucrar a menores de edad. Este evento ha puesto en relieve la importancia de desarrollos comunitarios seguros y bien vigilados, donde las familias puedan sentirse resguardadas.

Después del mensaje de disculpas emitido por el padre del imputado, quien entregó voluntariamente el objeto de fuego a las autoridades, se continúa con las diligencias oficiales para determinar las responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan. La Oficina Judicial, en colaboración con el Ministerio Público, sigue recopilando evidencia y testimonios que podrían influir en los procedimientos judiciales subsecuentes.
Por su parte, la comunidad y las autoridades han manifestado un compromiso compartido de trabajar para un cambio estructural que contemple medidas efectivas contra la violencia juvenil, con el fin de generar un entorno más seguro y pacífico. En tanto, el estado de salud de la menor sigue siendo vigilado estrechamente por un equipo de especialistas que monitorean su recuperación.
Se espera que el caso continúe desarrollándose en las próximas semanas, con el propósito de brindar toda la información necesaria al público y garantizar justicia en este hecho que dejó seriamente afectada a una inocente.

