Diario al Día, República Dominicana – El Gobierno dominicano ha decidido mantener en reserva la información relacionada con la posible nacionalidad dominicana de Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez. Las autoridades justifican esta decisión en la protección de la intimidad personal.

La solicitud para confirmar si Gómez posee la nacionalidad dominicana y bajo qué normativa fue atendida por Luis Rodolfo Caraballo, director jurídico de la Dirección General de Migración. Caraballo aclaró que esta información no corresponde a su dependencia, sino al Ministerio de Interior y la Policía Nacional.

El funcionario señaló que la petición no cumple con un interés público que justifique la divulgación de datos personales, amparándose en el artículo 44 de la Constitución, que protege la privacidad individual. Además, citó una sentencia del Tribunal Constitucional de 2012 que limita el acceso a datos personales y la Ley de Acceso a la Información Pública, que resguarda información cuando su revelación pueda afectar la privacidad o seguridad de terceros.

Esta solicitud surge en el contexto de una investigación judicial en España, donde el colectivo Manos Limpias pidió al juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, verificar si Gómez tiene ciudadanía dominicana. El juez rechazó abrir diligencias sobre este punto, al no encontrar motivos suficientes para solicitar confirmación a la Policía Nacional o a la embajada dominicana en España.

El tema ha generado debate y especulaciones en medios digitales y redes sociales, donde se ha mencionado un posible proceso de naturalización privilegiada, aunque no se ha presentado ningún documento oficial que lo confirme. Esto contrasta con otros políticos españoles como Felipe González o José Bono, cuya nacionalidad dominicana está verificada públicamente.

Las autoridades dominicanas reiteran que solo Begoña Gómez, su representante legal o una orden judicial pueden acceder a información sobre su estatus migratorio en el país. La investigación y el proceso judicial continúan bajo reserva.

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