Diario al Día| Hato Mayor, República Dominicana – Una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica fueron impuestos a Simón María Estévez Ramos, propietario de Ciudad Mecánica, por el caso ocurrido durante las fiestas patronales de Hato Mayor del Rey.
La decisión fue adoptada por la jueza Elizabeth Alcalá Valencia, del Tribunal de Atención Permanente, dentro del proceso relacionado con un incidente en el juego mecánico conocido como “La Estrellita”.
El hecho ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre, cuando uno de los vagones de la atracción se desprendió mientras transportaba a tres menores de edad.
Entre las ocupantes se encontraban dos hermanas de 11 y 13 años. La menor, identificada como Liranyi Reyes Puello, presentó complicaciones de consideración y fue trasladada para recibir atención especializada.
Posteriormente, Liranyi perdió la vida mientras permanecía bajo cuidados médicos en el hospital pediátrico doctor Hugo Mendoza, ubicado en Santo Domingo Norte.
Fiscalía había solicitado tres meses de medida preventiva
Durante la audiencia, el fiscal Daniel Robles Nivar solicitó al tribunal una medida preventiva de tres meses contra Estévez Ramos. La petición no fue acogida por la magistrada.
En su lugar, el tribunal ordenó una garantía económica de un millón de pesos, que deberá hacerse efectiva mediante una compañía aseguradora.
También estableció la presentación periódica ante la Fiscalía y la prohibición de abandonar el territorio nacional.
El Ministerio Público atribuyó al expediente una calificación jurídica de carácter culposo. Según la posición presentada ante el tribunal, la investigación busca establecer si hubo incumplimientos de protocolos y reglamentos relacionados con el funcionamiento de la atracción.
La Fiscalía sostuvo que cuenta con elementos que, a su juicio, vinculan al imputado con posibles responsabilidades dentro del caso. Esa posición deberá ser evaluada durante las siguientes etapas del proceso judicial.
La imposición de estas medidas no representa una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal deberá establecerse conforme avance el expediente y sean valoradas las pruebas correspondientes.
Familia expresa desacuerdo con decisión del tribunal
Los padres de Liranyi manifestaron su rechazo a la medida impuesta al propietario de las atracciones y señalaron que continuarán participando en el proceso judicial.
A través de su abogado, José Luis Rivera, la familia expresó que espera que el caso sea esclarecido y que cualquier responsabilidad determinada por las autoridades reciba la respuesta establecida en la legislación dominicana.
Los familiares consideran que pudieron existir fallas relevantes en los procedimientos de operación y seguridad del juego.
Esa posición forma parte de sus planteamientos y deberá ser contrastada con los resultados de las investigaciones técnicas y judiciales.
La madre de la menor reside en Estados Unidos y, mediante su representante legal, ha insistido en que espera que el expediente avance por las vías correspondientes.
El proceso judicial se produjo además en momentos en que la familia atravesaba otra situación familiar, luego de que Francisca Inés González, bisabuela de Liranyi, perdiera la vida y fuera sepultada un día antes del conocimiento de la medida.
Revisan permisos y condiciones de la atracción
El caso ha colocado bajo revisión las condiciones en las que operaban los juegos mecánicos instalados durante las fiestas patronales de Hato Mayor del Rey.
Las atracciones habían sido autorizadas por el Ayuntamiento local y estaban sujetas a las inspecciones técnicas correspondientes, incluyendo las vinculadas al Cuerpo de Bomberos.
Las indagatorias permanecen abiertas y abarcan la revisión de los permisos municipales, documentos comerciales y pólizas de seguros relacionadas con la operación de los juegos.
También se contemplan evaluaciones técnico-mecánicas para establecer las condiciones de “La Estrellita” y determinar qué pudo provocar el desprendimiento del vagón.
Las autoridades deberán establecer, con base en esas verificaciones y las demás evidencias incorporadas al expediente, si existieron incumplimientos y quiénes tendrían responsabilidad conforme a la legislación vigente.