Diario al Día | Santiago, República Dominicana – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó prisión preventiva por 18 meses contra Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Vasiris Guzmán.
Ambos están vinculados a una presunta estructura criminal relacionada con el manejo irregular de fondos destinados a pacientes oncológicos.
La jueza Stephanie Santiago Reyes declaró el proceso penal como complejo y ordenó que Lora Cruceta sea recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, mientras que Guzmán será trasladada al CCR Rafey Mujeres.
Esta decisión responde a la gravedad de las acusaciones presentadas en el expediente judicial.
Según la investigación del Ministerio Público, los imputados habrían operado un esquema de fraude clínico, farmacéutico y financiero.
Entre las irregularidades se incluyen la alteración de indicaciones médicas, el uso de sellos falsificados, la doble facturación al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y la entrega incompleta de medicamentos a pacientes con cáncer.
El expediente también detalla la presunta comercialización de medicamentos donados, el uso irregular de exoneraciones fiscales en importaciones y el tráfico de sustancias controladas. Además, se menciona la realización de cirugías estéticas en instalaciones médicas vinculadas a esta red.
Se atribuyen a los acusados reembolsos fraudulentos por viajes y hospedajes, sabotaje digital, sustracción de archivos institucionales y operaciones de lavado de activos para ocultar fondos. Estos elementos reforzaron la decisión de imponer la prisión preventiva como medida cautelar.
El Ministerio Público imputa a los procesados delitos de asociación de malhechores, estafa agravada contra el Estado dominicano, soborno, delitos de alta tecnología por acceso ilícito a sistemas informáticos y códigos de seguridad, además de lavado de activos.
Estas imputaciones sustentan la solicitud de prisión preventiva en el expediente judicial.
La declaratoria de caso complejo permitirá a las autoridades ampliar el plazo de investigación para profundizar en las pesquisas sobre la presunta red criminal y esclarecer el alcance de las irregularidades detectadas.
Por otro lado, Dilcia Vargas, también vinculada a la estructura, cumplirá arresto domiciliario mientras continúa el proceso judicial.
La prisión preventiva se mantiene vigente mientras se analizan nuevas evidencias que podrían aportar mayor claridad sobre el supuesto esquema de enriquecimiento ilícito relacionado con recursos destinados a pacientes oncológicos.
El proceso judicial sigue bajo seguimiento en Santiago, donde el Ministerio Público trabaja para establecer responsabilidades penales en esta investigación que ha puesto bajo escrutinio el manejo de fondos sensibles del sistema de salud dominicano.
Esta medida representa un avance significativo en un expediente que permanece abierto y en desarrollo, con la expectativa de que las próximas etapas permitan esclarecer todos los detalles del caso.