Donald Trump firma una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento, generando reacciones y obstáculos legales. ¿Qué implica esta reforma?
Washington D.C. – El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica respaldada por la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU.
Esta enmienda, que fue adoptada en 1868, otorga ciudadanía a cualquier persona nacida en EE.UU., sin importar el estatus migratorio de los padres.
La decisión ha generado una gran controversia. Trump sostiene que esta práctica fomenta el “turismo de natalidad”, donde mujeres embarazadas cruzan la frontera para dar a luz en EE.UU. y asegurar la ciudadanía para sus hijos.
Sin embargo, sus opositores afirman que esto representa un ataque a un derecho constitucional y una maniobra divisiva en términos políticos.
El proceso para revocar esta política enfrenta serios desafíos legales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya ha presentado demandas, argumentando que la medida viola principios constitucionales establecidos.
Expertos legales coinciden en que una reforma tan grande no puede lograrse por una orden ejecutiva, sino que requiere un cambio legislativo. Es probable que el Tribunal Supremo tenga que intervenir, lo que podría llevar a una larga batalla judicial.
La discusión sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento viene desde la creación de la 14ª Enmienda, que fue adoptada después de la Guerra Civil para proteger los derechos civiles de los antiguos esclavos.
El Tribunal Supremo reafirmó este principio en 1898, cuando dictaminó que los hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU. también tienen derecho a la ciudadanía.
Hoy, la propuesta de Trump genera preocupación, especialmente en los sectores más vulnerables. Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2022 nacieron en EE.UU. alrededor de 1.2 millones de personas de padres no autorizados, lo que representa una gran parte de la población infantil.
Si se llegara a eliminar la ciudadanía por nacimiento, los efectos podrían ser amplios, ya que en 2050, más de 4 millones de personas podrían verse afectadas.
A nivel internacional, esta reforma podría tener repercusiones diplomáticas. Países como Canadá y México siguen practicando el «Ius soli», mientras que otros como Reino Unido y Australia aplican versiones modificadas de la ley.
Por lo tanto, la reforma de Trump no solo afectaría a las familias en EE.UU., sino que podría alterar las relaciones con países que tienen políticas migratorias más flexibles.
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