La administración de Trump busca endurecer restricciones migratorias con un veto de entrada a ciudadanos de varios países por razones de seguridad.
La administración de Donald Trump avanza en la aplicación de una nueva restricción migratoria, estableciendo un veto de entrada para ciudadanos de diversas regiones del mundo.
El plan busca reforzar la seguridad nacional y frenar la migración mediante una «lista roja», que prohibiría totalmente el ingreso de personas de ciertos países.
Un borrador filtrado indica que la lista incluiría naciones afectadas por restricciones en 2017, como Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen, además de Afganistán y Pakistán.
La propuesta establece tres niveles de restricciones: una lista roja con prohibición total, una categoría naranja con restricciones parciales y una amarilla que daría tiempo a ciertos países para mejorar sus mecanismos de seguridad.
Este plan ha generado preocupación en organismos internacionales y grupos defensores de derechos humanos, que advierten que la medida podría afectar gravemente a refugiados y solicitantes de asilo. En particular, unos 200,000 afganos que trabajaron con fuerzas estadounidenses podrían quedar sin opción de reasentamiento en EE.UU.
El Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional deben presentar la lista final antes del 21 de marzo. Aún no se ha aclarado si la medida afectará a quienes ya poseen visas o residencia.
Pakistán también está en la mira, lo que podría impactar a miles de ciudadanos que buscan refugio en EE.UU. La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación, señalando posibles tensiones diplomáticas y comerciales.
En el caso de Venezuela y Cuba, la medida afectaría a quienes han solicitado protección humanitaria. Mientras que los partidarios de Trump defienden la medida como una estrategia de seguridad, sus opositores la consideran discriminatoria y arbitraria.
Este tipo de restricciones ya fueron aplicadas en 2017 y ratificadas por la Corte Suprema en 2018, aunque fueron eliminadas en 2021 por Joe Biden. Ahora, con esta nueva política en marcha, se espera un intenso debate y posibles desafíos legales y diplomáticos.
