Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana — El conflicto en La Cuaba escaló durante una protesta contra una planta de residuos, cuando un joven falleció y otro resultó lesionado.
El episodio ocurrió hace una semana y quedó registrado parcialmente por cámaras de seguridad, mientras autoridades policiales investigan las circunstancias y posibles responsabilidades.
La jornada fue convocada por comunitarios para conmemorar los 100 días de un campamento instalado contra el proyecto promovido por OakHouse.
La empresa dominicana plantea construir una planta de reciclaje y valorización de residuos sólidos sobre aproximadamente 986 mil metros cuadrados del paraje Aguacate.
Los residentes mantienen su oposición porque consideran que la iniciativa podría afectar recursos naturales, especialmente fuentes de agua existentes en el entorno.
El vocero del movimiento, Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, señaló anteriormente varias preocupaciones ambientales.
Correa sostuvo que los terrenos abarcan unas 1,500 tareas, donde nacen tres arroyos y existe un manantial, además de otras fuentes cercanas.
Los comunitarios describen la zona como un bosque húmedo subtropical con acuíferos, actividades agrícolas y espacios vinculados al desarrollo ecoturístico.
El campamento permaneció instalado en la entrada de los terrenos para impedir avances de la obra y vigilar movimientos relacionados con trabajos.
El sábado 8 de agosto, la actividad por los 100 días comenzó con una eucaristía y contemplaba posteriormente un culto evangélico.
Sin embargo, dirigentes entrevistados por N Investiga afirmaron que varias maquinarias intentaron ingresar a los terrenos durante el inicio de la liturgia.
Ricardo Montero, integrante de la Comisión No Vertedero, afirmó que representantes de OakHouse, encabezados según su versión por Luis Manuel Espinal, intentaron acceder.
La intervención de agentes policiales permitió retirar los equipos del área, aunque posteriormente la tensión aumentó cerca de la salida de Pedregal.
A unos dos kilómetros del campamento ocurrió el episodio que terminó con el fallecimiento de Railly Antonio Rodríguez Soriano, de 26 años.
Las imágenes muestran a varias personas bloqueando la vía y a una Jeep Wrangler blanca subiendo a la acera para evadir la manifestación.
De acuerdo con el material audiovisual y testimonios comunitarios, desde el vehículo se habría realizado un impacto de proyectil contra los manifestantes.
Los comunitarios identificaron al conductor como Manuel Armando Silfa Montero, conocido como “El Guardia”, quien ahora es requerido por las autoridades.
Rodríguez Soriano recibió un impacto de proyectil en la región facial y fue trasladado al Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde falleció.
El mismo vehículo habría sido utilizado para transportar al joven hasta el centro médico, según muestran las imágenes citadas durante la investigación.
La placa corresponde a Rigging Supply SRL, empresa constituida el 26 de enero de 2017 y registrada en ONAPI a nombre de dos personas.
Los registros citados señalan que la compañía se dedica a importar y comercializar eslingas, cables de acero, accesorios para cargas y artículos ferreteros.
Durante el incidente también resultó lesionado Yonny Martínez Flores, de 36 años, integrante del grupo comunitario que rechaza la instalación del proyecto.
José Miguel Buret explicó que Martínez Flores recibió una lesión en el brazo izquierdo y que el proyectil permanecía alojado allí, aunque estaba fuera de peligro.
Técnicos de la Policía Científica recuperaron un casquillo calibre 9 milímetros, evidencia incorporada a las pesquisas sobre el incidente registrado durante la protesta.
La Policía Nacional exhortó públicamente a Silfa Montero a entregarse para responder por los hechos y facilitar el avance de la investigación.
El director de Comunicación Estratégica, Diego Pesqueira, mostró la imagen del señalado y pidió su entrega por la vía que considere pertinente.
El conflicto en La Cuaba pasó así de una disputa comunitaria sobre residuos sólidos a una investigación penal por un episodio con consecuencias graves.
Los dirigentes comunitarios aseguran que, pese a la tensión acumulada, han procurado mantener las manifestaciones sin acciones que provoquen mayores confrontaciones.
José Miguel Buret afirmó que los organizadores han controlado a los participantes para evitar cortes de árboles, quema de neumáticos o lanzamiento de piedras.
Ricardo Montero sostuvo que habían advertido a las autoridades sobre el riesgo de una escalada y reclamó respuestas a las demandas comunitarias.
El dirigente atribuyó el aumento de la tensión a la falta de soluciones frente a la oposición mantenida durante los 100 días del campamento.
Ahora, el conflicto en La Cuaba incorpora una nueva dimensión, mientras las autoridades buscan establecer exactamente qué ocurrió y quiénes deberán responder.
El conflicto en La Cuaba mantiene enfrentadas las posiciones sobre el proyecto, mientras la investigación intenta separar los hechos comprobados de las versiones ofrecidas.
Con una persona fallecida, otra lesionada y evidencias bajo análisis, ¿qué determinarán finalmente las autoridades sobre el origen y las responsabilidades del episodio?