Diario al Día, Santo Domingo- La procuradora general Yeni Berenice Reynoso afirmó que el Ministerio Público avanza en el caso Senasa, garantizando legalidad, transparencia y consecuencias conforme la ley para los implicados.

Reynoso negó de forma categórica acuerdos ocultos, privilegios o tratos preferenciales, subrayando que el proceso se desarrolla con apego estricto a la legalidad y estándares de transparencia institucional.

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La funcionaria explicó que la investigación permanece abierta y activa, sin negociaciones paralelas, y que cada actuación responde a criterios técnicos, jurídicos y probatorios plenamente documentados.

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Implicados en el caso Senasa

Indicó que por la complejidad del expediente y magnitud de los hechos en Senasa, podrían producirse nuevas actuaciones procesales dentro de un plazo razonable, sin precisar fechas.

Sobre alegatos relacionados con condiciones médicas, aclaró que no existe informe oficial que determine que Santiago Hassim carezca de aptitud para enfrentar el proceso judicial.

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La procuradora afirmó que quien tuvo condiciones físicas y mentales para afectar fondos públicos también debe responder ante la justicia por hechos profundamente lesivos al interés colectivo.

Santiago Hassim
Santiago Hazim, exdirector de Senasa

En cuanto a medidas de coerción, explicó que no constituyen sanciones ni penas anticipadas, sino instrumentos procesales destinados a garantizar el desarrollo efectivo de la investigación.

Precisó además que el Ministerio Público no ha firmado acuerdos de culpabilidad ni otorgado criterios de oportunidad a ninguno de los diez procesados.

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Recordó que el caso Senasa impacta directamente a más de siete millones de afiliados, cuyas coberturas y recursos integran el sistema público de salud.

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Yeni Berenice Reynoso

Reynoso señaló que los imputados no serán tratados como testigos ni colaboradores, sino como personas formalmente procesadas por acciones que afectaron significativamente al Estado.

El órgano acusador reiteró que la investigación sobre el Seguro Nacional de Salud sigue en curso, con diez imputados y medidas de coerción vigentes.

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