Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana – La Fiscalía del Distrito Nacional informó que solicitará una condena de dos años de prisión sin suspensión para los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados en el caso Jet Set por homicidio involuntario.
Esta petición se basa en la existencia de elementos suficientes para sostener la acusación presentada ante los tribunales.
La fiscal Rosalba Ramos explicó que, aunque la pena solicitada puede parecer limitada frente a la magnitud del incidente ocurrido en la discoteca Jet Set, donde 236 personas perdieron la vida y más de un centenar resultaron con lesiones, la sanción se ajusta al marco legal vigente que regula el proceso judicial.
Ramos destacó que esta es la pena establecida en la legislación aplicada al expediente, por lo que la Fiscalía procurará que, en caso de una sentencia condenatoria, el cumplimiento sea efectivo y no suspendido.
Una condena sin suspensión implica que la pena sea ejecutada de manera directa en un centro penitenciario, a diferencia de una sentencia suspendida que contempla el cumplimiento de ciertas condiciones fuera de prisión.
La representante del Ministerio Público señaló que esta medida busca responder a la dimensión del caso y expresar respaldo a las víctimas y sus familiares.
El proceso contra Antonio y Maribel Espaillat continúa bajo la figura de homicidio involuntario, y la Fiscalía sostiene que cuenta con los elementos necesarios para sustentar su posición ante los tribunales y avanzar con el desarrollo del expediente.
La acusación se mantiene firme mientras se desarrollan las etapas judiciales correspondientes.
Durante sus declaraciones, Ramos también abordó el escenario que habría representado la aplicación del nuevo Código Penal para un caso de esta naturaleza.
Indicó que esta normativa, que entrará en vigor a partir de agosto, contempla sanciones de hasta 10 años para hechos similares. Sin embargo, consideró que incluso ese límite podría ser reducido frente al número de personas fallecidas en el suceso.
La fiscal defendió la implementación del nuevo Código Penal, señalando que ofrecerá un marco jurídico actualizado con sanciones que estarán más relacionadas con la gravedad de determinados acontecimientos.
Este nuevo marco legal busca adecuar las penas a la realidad de los casos que se presentan en el país.
Con esta postura, el Ministerio Público fija su posición sobre la posible consecuencia judicial para los imputados mientras continúa el proceso relacionado con uno de los expedientes que más impacto ha generado en República Dominicana.
La evolución del caso dependerá de las decisiones que adopten los tribunales durante las próximas etapas, incluyendo posibles audiencias y resoluciones.
El Ministerio Público mantiene abierta la investigación y continúa recopilando pruebas para fortalecer su acusación.
Asimismo, se espera que en las próximas fases del proceso se definan con mayor claridad las responsabilidades y las medidas judiciales que se aplicarán a los involucrados.
La Fiscalía ha reiterado su compromiso de actuar conforme a la ley y garantizar que se haga justicia en un caso que ha marcado la historia reciente del país, buscando siempre el equilibrio entre la aplicación de la normativa vigente y la sensibilidad hacia las víctimas y sus familiares.