Diario al Día| Santo Domingo, República Dominicana – Nuevos reportajes sobre las licitaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para suplir el almuerzo escolar han puesto bajo cuestionamiento varios contratos millonarios otorgados a empresas de reciente creación y proveedores con poca experiencia aparente en el sector.
La investigación de N Investiga presentó audios, videos y documentos que, según el programa, muestran una serie de situaciones que requieren revisión, entre ellas descalificaciones que luego fueron revertidas, cocinas habilitadas poco antes de inspecciones, empresas creadas meses antes de recibir adjudicaciones y denuncias sobre una supuesta negociación de contratos públicos.
El programa centró parte de su investigación en varios jóvenes residentes en Azua que obtuvieron adjudicaciones para ofrecer servicios de alimentación escolar en otras provincias, incluyendo San Pedro de Macorís.
Contratos millonarios a empresas de reciente creación
Uno de los casos señalados corresponde a Beltré Beltré SRL, propiedad de Nayelis Carolina Beltré Beltré, de 24 años, y Luisa Margarita Beltré Beltré, de 23 años, empresa que recibió una adjudicación de RD$48.1 millones.
Además, Franniel Ramírez Beltré, de 24 años, obtuvo un contrato superior a RD$24 millones, mientras que Carolin Michel Díaz Beltré, de 19 años, fue beneficiada con una adjudicación de RD$38 millones.
Según el reportaje, algunas de estas compañías fueron registradas poco tiempo antes del proceso de licitación.
La investigación también cuestionó que uno de los proveedores habría iniciado su registro como suplidor del Estado cuando la convocatoria ya estaba en marcha.
Posteriormente, algunos de estos mismos nombres volvieron a aparecer en procesos relacionados con kits de alimentos crudos para la región Este, acumulando contratos de gran valor económico.
Cuestionamientos sobre capacidad financiera y operación
N Investiga planteó dudas sobre la capacidad económica necesaria para asumir contratos que requieren una estructura operativa importante antes de recibir los pagos estatales.
De acuerdo con lo presentado en el reportaje, una cocina que alcanza una puntuación de 77 puntos en los procesos de evaluación puede requerir una inversión cercana a RD$3.5 millones solamente en equipos.
A esa cifra se suman otros gastos necesarios para operar, como adecuación de instalaciones, contratación de personal, compra de combustible, transporte, controles sanitarios y capital para mantener la producción diaria.
La investigación también revisó documentos utilizados para demostrar solvencia económica de algunos proveedores.
Entre ellos mencionó certificaciones relacionadas con Coopsuplider, entidad cuyo estado de inactividad habría sido confirmado por un antiguo miembro de su consejo de administración.
Los periodistas además visitaron algunas cocinas adjudicadas y señalaron dudas sobre las condiciones encontradas, los equipos disponibles y la procedencia de parte del personal que estaría trabajando en esas instalaciones.
Denuncias sobre posibles vínculos entre suplidores
Otro elemento señalado por el reportaje fue el nombre de Jorge Luis Patricio Ramírez, quien habría acudido donde un suplidor que denunciaba irregularidades y, según la investigación, se identificó como propietario de las cocinas relacionadas con los Beltré.
El programa indicó además que Ramírez comparte apellido con la madre de una de las jóvenes beneficiarias y aparece vinculado a una empresa que también recibió una adjudicación millonaria dentro del mismo proceso.
N Investiga presentó estos datos como elementos que ameritan una investigación para determinar si existen relaciones empresariales o familiares detrás de varias compañías favorecidas.
Reclamos en otras provincias
Las denuncias no se limitaron a San Pedro de Macorís. En Monseñor Nouel, suplidores afectados cuestionaron adjudicaciones que superarían los RD$1,269 millones y plantearon dudas sobre el proceso de evaluación.
Uno de los señalamientos recogidos por el programa indica que una empresa ganadora habría sido captada instalando su cocina el mismo día de una inspección.
La investigación también identificó coincidencias entre compañías participantes, como números telefónicos compartidos entre empresas que participaron y resultaron beneficiadas en un mismo proceso.
Estos elementos fueron presentados como posibles señales de coordinación entre oferentes, aunque correspondería a las autoridades determinar si existió alguna práctica irregular.
Denuncias de supuesta venta de adjudicaciones
El reportaje incluyó además testimonios de suplidores que denunciaron supuestos intentos de cobro para garantizar contratos.
Una proveedora afirmó que, durante una reunión informal, le habrían solicitado RD$1 millón por cada mil raciones para asegurar una adjudicación.
Otro participante entregó un audio a N Investiga en el que una voz no identificada menciona una supuesta venta de adjudicaciones por millones de pesos.
Estas denuncias no constituyen por sí mismas una confirmación de delitos, pero fueron presentadas como elementos que requieren una revisión de las autoridades correspondientes.
Casos de descalificaciones revertidas
En Independencia, el programa destacó el caso de Sabor de Oro, empresa que inicialmente habría sido descalificada y luego habilitada mediante una vía extraordinaria.
Posteriormente obtuvo un contrato valorado en RD$32.6 millones.
Según los videos mostrados por N Investiga, días antes de la habilitación del servicio el local permanecía cerrado y sin señales visibles de preparación de alimentos, mientras que después comenzaron a llegar equipos durante la madrugada para acondicionar la instalación.
El reportaje utilizó este caso para cuestionar los controles aplicados antes de aprobar proveedores destinados a manejar la alimentación de estudiantes.
Una revisión pendiente sobre el sistema de contrataciones
La investigación plantea que los distintos casos podrían estar relacionados por patrones comunes: empresas que aparecen en varios procesos, adjudicaciones millonarias, proveedores con poca trayectoria, cambios en evaluaciones y denuncias sobre posibles acuerdos.
El punto central de la controversia es determinar si las compañías beneficiadas actuaron como empresas independientes o si existe una estructura común detrás de varios proveedores que participaron en las licitaciones.
Cualquier conclusión dependerá de las verificaciones oficiales, auditorías o investigaciones que puedan realizar las instituciones competentes.
Mientras tanto, el debate se concentra en la transparencia de un programa que maneja miles de millones de pesos y que tiene como objetivo garantizar la alimentación diaria de estudiantes en centros educativos públicos del país.