Diario al Día| Washington D. C., Estados Unidos – La dominicana Karin L. Contreras, de 45 años, fue condenada este viernes 6 de noviembre de 2026 a 27 meses de prisión federal por participar en un esquema de fraude contra programas de asistencia por desempleo durante la pandemia de COVID-19.
La sentencia fue anunciada por la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia, que estableció que la operación involucró solicitudes fraudulentas de beneficios por más de un millón de dólares, utilizando información personal robada.
Contreras, ciudadana de República Dominicana y residente permanente legal de Estados Unidos, también deberá cumplir dos años de libertad supervisada después de salir de prisión y pagar una restitución de 551,674.78 dólares.
Cómo funcionaba el fraude durante la pandemia
De acuerdo con los documentos judiciales, entre junio de 2020 y marzo de 2021, Contreras colaboró con otras personas para presentar solicitudes de prestaciones por desempleo utilizando datos personales obtenidos ilegalmente.
Las solicitudes permitieron que los involucrados recibieran tarjetas prepagadas cargadas con beneficios gubernamentales. La mayoría fueron enviadas a una dirección de Washington D. C. situada junto a la residencia de la dominicana.
Posteriormente, los participantes retiraban dinero de las tarjetas mediante cajeros automáticos, frecuentemente en cantidades de 1,000 dólares, que correspondían al límite diario autorizado.
La investigación determinó que, entre el 1 y el 14 de julio de 2020, Contreras utilizó personalmente 12 tarjetas fraudulentas para retirar 23,000 dólares en distintos cajeros de la capital estadounidense.
Aunque las solicitudes fraudulentas superaron el millón de dólares, las autoridades establecieron que los participantes consiguieron retirar más de 550,000 dólares mediante la operación.
Se declaró culpable antes de recibir la sentencia
El 10 de julio de 2026, Contreras se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico ante la jueza federal Beryl A. Howell, quien posteriormente dictó la condena.
Los fiscales habían solicitado una pena de 41 meses de prisión, pero el tribunal impuso una sentencia de 27 meses, además de las obligaciones económicas y la supervisión posterior.
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro cuestionó el uso indebido de los recursos destinados a personas que enfrentaban dificultades económicas durante la emergencia sanitaria.
“Contreras robó fondos de programas creados para ayudar a las personas a sobrevivir a las dificultades de la pandemia”, declaró Pirro al anunciar la sentencia.
La funcionaria sostuvo que este tipo de fraude perjudica a las familias que realmente necesitan asistencia y afecta la confianza en los programas públicos.
El FBI y el Departamento de Trabajo investigaron el caso
La investigación estuvo a cargo de la oficina del FBI en Washington y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
El proceso judicial fue llevado por la fiscal federal adjunta Kondi Kleinman y el abogado litigante John Kosmidis, de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia.
Con la sentencia dictada el 6 de noviembre, Contreras deberá cumplir la pena de prisión establecida por el tribunal, seguida de dos años de libertad supervisada, además de responder por la restitución económica ordenada por la jueza Howell.