Diario al Día | San Cristóbal, República Dominicana — El caso Miguelito suma un giro que profundiza las dudas sobre lo ocurrido dentro del destacamento policial conocido como «La 17», donde Miguel Antonio Lucas estuvo detenido antes de perder la vida.
Un certificado médico practicado al hombre, antes de su ingreso al destacamento, estableció que no presentaba lesiones por maltrato físico, según reveló su abogado y familiar, Carlos Rodríguez.
El togado explicó que la evaluación se realizó el 8 de julio de 2026 en el Hospital Regional Juan Pablo Pina, como parte de un protocolo obligatorio antes de cualquier traslado policial.
Ese protocolo exige que los agentes actuantes verifiquen el estado físico del detenido antes de trasladarlo a una dotación policial, según explicó el abogado familiar.
El documento cobra relevancia porque contradice la narrativa inicial de las autoridades y refuerza las denunc ias de la familia sobre lo sucedido durante la reclusión.
Miguel Antonio Lucas, conocido como «Miguelito», tenía aproximadamente 44 años y residía en el sector Calle Bonita, en Hatillo, San Cristóbal, según se documentó previamente.
Su arresto ocurrió el 8 de julio, ejecutado por el capitán José Luis Lorenzo, vinculado a la Dirección de Inteligencia Delictiva, bajo la acusación de portar un verifón irregular.
El padre del detenido había denunciado que la captura se realizó en la residencia familiar sin presentar una orden formal ante los presentes ese día.
Permaneció bajo custodia entre seis y siete días en la Dirección Regional de la Policía Nacional de San Cristóbal, la 17.ª Compañía, sin acceso inmediato a su abogado.
Durante ese período, los familiares denunciaron maltratos físicos que le dejaron marcas visibles, fiebre alta por al menos tres días y dificultades para alimentarse.
Ahora, el nuevo certificado médico plantea una pregunta central que Rodríguez formuló directamente ante la opinión pública dominicana.
«¿Qué ocurrió dentro del cuartel entre el 8 y el 13 de julio para que Miguelito tuviera que ser cargado hasta la sala de Emergencias y falleciera apenas tres horas después de su ingreso al hospital?», preguntó Rodríguez.
La interrogante resume la exigencia familiar de esclarecer qué sucedió en esos días dentro de las instalaciones policiales de San Cristóbal.
Ante esta nueva evidencia, el abogado anunció que depositará una instancia formal ante la Procuraduría General de la República.
El objetivo es solicitar una investigación profunda sobre la actuación de los agentes del destacamento durante la custodia del hombre.
La solicitud también incluye a la fiscal que intervino en el caso, con el propósito de establecer responsabilidades individuales claras.
El caso Miguelito ya había generado consternación en Hatillo, donde familiares llevaron el féretro hasta el destacamento exigiendo respuestas oficiales.
El vocero policial Diego Pesqueira se solidarizó con la familia y señaló que se espera el informe del INACIF para esclarecer la causa exacta del deceso.
Con este nuevo certificado médico como respaldo, la familia insiste en que la investigación no puede limitarse a un informe forense.
¿Logrará esta nueva evidencia impulsar la investigación independiente que la familia de Miguelito reclama desde hace días?