Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana – Ángel Martínez fue condenado a seis meses de prisión por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, tras ser hallado culpable de difamar e injuriar a la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.
El tribunal también impuso una multa de diez millones de pesos a Martínez. La indemnización solicitada por De Camps Germán, por igual monto, será destinada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), conforme a la petición original en la querella.
Ángel Martínez enfrenta varios procesos judiciales en el país relacionados con supuestos casos de difamación, injuria y delitos cibernéticos. En los últimos meses, diversas figuras públicas han presentado querellas en su contra por declaraciones consideradas falsas difundidas en plataformas digitales y redes sociales.
Recientemente, Martínez recibió una condena de tres meses de prisión suspendida por difamación e injuria contra el diputado Sergio Moya (Gory), junto con una multa de dos millones de pesos, evidenciando un patrón de enfrentamientos legales con figuras públicas.
Entre los casos más destacados está la querella presentada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien acusó a Martínez de difamación e injuria. En ese proceso, tribunales del Distrito Nacional impusieron medidas de coerción, incluyendo garantía económica, presentación periódica y impedimento de salida del país. Un juez ordenó la apertura de juicio de fondo para conocer el caso.
Además, Martínez ha sido demandado por empresarios, legisladores y otras figuras públicas que alegan haber sido afectados por declaraciones difundidas en internet. En algunos expedientes, los tribunales dominicanos han impuesto medidas cautelares y condenas suspendidas, incluyendo indemnizaciones económicas.
Martínez, quien reside actualmente en Estados Unidos, fue detenido en Puerto Plata en mayo de 2025 debido a varias órdenes judiciales pendientes y una declaratoria de rebeldía vinculada a algunos de los procesos abiertos en su contra.
La acumulación de estas condenas y querellas refleja un contexto legal complejo para Ángel Martínez y marca un precedente sobre la responsabilidad en la difusión de declaraciones públicas y el uso de plataformas digitales en República Dominicana.
Los fallos recientes subrayan la disposición de los tribunales dominicanos para sancionar actos de difamación e injuria, así como la importancia de garantizar compensaciones económicas a las personas afectadas por declaraciones públicas.
La condena de seis meses y la multa impuesta a Ángel Martínez se suman a su historial judicial, planteando interrogantes sobre las implicaciones de futuros procesos legales y la gestión de la responsabilidad mediática en el país.
El caso continúa siendo monitoreado por diversos sectores de la sociedad, mientras se espera que los tribunales definan con mayor claridad el alcance de las sanciones y la ejecución de las medidas impuestas, especialmente en lo que respecta a la indemnización destinada al Sinap.