Diario al Día | Sánchez Ramírez, República Dominicana – El Tribunal Colegiado de Sánchez Ramírez condenó este jueves a 15 años de prisión a William José Rondón Serrano, alias Cachanga, por un grave hecho registrado en la comunidad La Cabirma de Cotuí.
El tribunal lo halló culpable de cometer una agresión sexual contra Ilonka Yocasta Carcaño Almazar, una mujer que padece una condición física que le impide movilizarse con normalidad.
Además, Cachanga Cotuí también fue declarado responsable de agredir físicamente al hermano de la víctima, quien comparte la misma condición de discapacidad y permanece postrado en cama.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2025 en la comunidad La Cabirma, una zona rural perteneciente al municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
El condenado deberá cumplir su sentencia en la Fortaleza Palo Hincado, el principal centro penitenciario de Cotuí, conforme a lo dispuesto por el tribunal en su resolución.
Durante el juicio de fondo, el Ministerio Público estuvo representado por los magistrados Juan Ventura Peguero Castillo y Tiburcio Antonio Gómez Vásquez, quienes condujeron la acusación formal contra el imputado.
Ambos fiscales lograron presentar ante el tribunal un conjunto de pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad penal de Cachanga Cotuí en los dos hechos por los que fue imputado.
El caso generó gran indignación en la provincia Sánchez Ramírez, en particular por la condición de vulnerabilidad de las dos víctimas, quienes dependían de terceros para su cuidado cotidiano.
La sentencia dictada refleja la aplicación de circunstancias agravantes previstas en la legislación dominicana cuando los actos se cometen contra personas en situación de especial vulnerabilidad.
Sin embargo, la condena también reaviva el debate sobre la protección judicial efectiva para personas con discapacidad en comunidades rurales, donde el acceso a mecanismos de denuncia suele ser más limitado.
Finalmente, el caso de Cachanga Cotuí queda como referente judicial en la región, en un momento en que organizaciones de derechos humanos insisten en el endurecimiento de las penas para delitos cometidos contra poblaciones en situación de mayor fragilidad.
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