Diario al Día | Santo Domingo Oeste, República Dominicana – Un tribunal dictó una condena de 15 años de prisión contra Geraldo Montero Montero, tras ser declarado culpable del homicidio del raso Samuel Quezada Montero en Herrera el año pasado.
Según la fiscal Anyelina Vicioso, Montero Montero disparó cuatro veces por la espalda a Quezada Montero durante un altercado en el sector El Café. El conflicto comenzó cuando Quezada Montero realizó un disparo al aire y fue confrontado por varios vecinos.
De acuerdo con la acusación, Montero Montero llegó al lugar, desarmó al agente de la Policía Nacional y, tras una persecución, le disparó con su propia arma reglamentaria, una pistola marca Taurus calibre 9mm, causando su muerte.
Durante la audiencia, los fiscales Brenda Reyes y Nicasio Pulinario presentaron pruebas que demostraron que Montero Montero violó los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Los jueces Julio César de los Santos, Leonarda Quezada y Clara Rivera, del Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, emitieron la sentencia y ordenaron que se cumpla en el Centro de Privación de Libertad La Victoria.
El Ministerio Público resaltó la solidez del cuerpo probatorio, que incluyó testimonios de testigos y evidencia balística que vinculó directamente a Montero Montero con el homicidio del agente.
La comunidad de Herrera ha expresado su preocupación por el incidente y destaca la importancia de la justicia en casos que involucran a miembros de la Policía Nacional en cumplimiento de su labor.
Esta condena representa un precedente en la región, evidenciando la capacidad de la justicia para actuar frente a delitos cometidos contra agentes del orden.
El caso también pone en relieve la necesidad de fortalecer la seguridad en sectores como El Café, donde los conflictos entre civiles y policías han generado tensión en la población local.
El tribunal enfatizó que la ejecución de la sentencia busca garantizar la responsabilidad penal de quienes atentan contra la vida de servidores públicos y la seguridad comunitaria.