Diario al Día | Santo Domingo Oeste – Un sargento de la Policía Nacional fue puesto bajo prisión preventiva por tres meses tras ser acusado en un caso judicial relacionado con la muerte de su pareja sentimental.
El hecho ocurrió el pasado miércoles en el sector Barrio Nuevo, kilómetro 13 y medio de la carretera Sánchez.
El imputado, identificado como Railin de la Rosa, enfrenta cargos presentados por el Ministerio Público por la muerte de Yessica Álvarez Jiménez, de 26 años.
La medida cautelar fue dictada por el Juzgado de Instrucción de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, que atendió la solicitud del órgano acusador debido a la gravedad del caso y el riesgo de fuga o interferencia en la investigación.
Durante la audiencia, los abogados de ambas partes ofrecieron declaraciones. Severiano King, representante legal de la familia de la víctima, valoró la decisión judicial y expresó que esperan que se haga justicia de manera pronta y efectiva.
Por su parte, la defensa del imputado, encabezada por Sergio Rodríguez, aseguró que continuará presentando sus argumentos en las próximas fases del proceso judicial, buscando proteger los derechos del acusado.
Ángela Lucía Jiménez, madre de Yessica Álvarez, se mostró visiblemente afectada y expresó su profundo dolor por la pérdida de su hija.
Entre lágrimas, pidió que el caso no quede impune y que se aplique todo el peso de la ley.
Familiares cercanos, incluyendo a María Jiménez, prima de la víctima, solicitaron una condena ejemplar para el responsable, destacando el impacto emocional que el crimen ha dejado en toda la familia.
Según investigaciones preliminares, tras cometer el hecho, el sargento habría intentado también atacar a un cuñado de 18 años, quien logró escapar y refugiarse en la vivienda de una vecina, evitando un desenlace aún más grave.
Esta información forma parte de las pesquisas que realiza la Policía Nacional y el Ministerio Público para esclarecer los hechos.
Por disposición del tribunal, Railin de la Rosa deberá cumplir la medida cautelar en la cárcel del Centro de Operaciones Especiales mientras continúan las investigaciones del caso.
Esta decisión busca garantizar la seguridad y evitar riesgos adicionales durante el proceso judicial.
Este incidente con un miembro de la Policía Nacional ha generado un debate sobre el control y la supervisión de agentes en situaciones de riesgo.
Además, subraya la urgencia de establecer protocolos efectivos para proteger a las víctimas de violencia doméstica y evitar que hechos similares se repitan.
Las autoridades reiteraron que seguirán investigando a fondo el caso y que cualquier evidencia nueva será integrada en el proceso judicial.
Mientras tanto, la familia de la víctima continúa reclamando justicia y acompañamiento emocional para enfrentar las consecuencias de este suceso.
Con la prisión preventiva ya en vigor, la comunidad observa de cerca el desarrollo del proceso y espera que el caso sirva como advertencia sobre la responsabilidad de quienes ostentan cargos de autoridad en la sociedad.
El seguimiento judicial será clave para determinar las responsabilidades y garantizar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.