Diario al Día | Santiago, República Dominicana – Un tribunal en Santiago condenó al cabo de la Policía Nacional Juan Ramón Pascual Ramírez tras ser declarado responsable de agredir a un reportero gráfico durante la cobertura de un incendio en agosto de 2024.
La sentencia establece una condena de 60 días de prisión, una multa de 60 pesos dominicanos y una indemnización de 100,000 pesos dominicanos a favor del comunicador Roberto Reyes, integrante del equipo de José Gutiérrez en CDN.
Los hechos ocurrieron cuando Reyes cubría un incendio registrado en las inmediaciones del Mercado Modelo y la plaza El Sombrerero, en Santiago.
Según el expediente judicial, el agente policial incurrió en maltrato físico contra el reportero gráfico mientras este realizaba su labor periodística en plena cobertura del siniestro.
Además de la agresión física, el uniformado habría proferido insultos contra las periodistas Maricela de la Cruz y Amparo Infante, quienes también se encontraban en el lugar cubriendo el evento.
Durante la lectura de la sentencia, el juez fue enfático en señalar los límites que deben respetar las fuerzas públicas en su interacción con la ciudadanía y la prensa.
«Los excesos en la labor preventiva de la policía son sancionados con severidad por el Código Penal», expresó el magistrado.
El juez añadió una precisión sobre cuándo se configura ese exceso: «¿Cuándo podemos considerar que se ha producido un exceso? Cuando realmente no era necesario el uso de la fuerza», subrayando la importancia de respetar los derechos de los comunicadores.
Tras conocer la sentencia fuera de la sala de audiencias, Roberto Reyes manifestó su inconformidad con la pena impuesta al agente, expresando que esperaba una sanción más severa debido a la gravedad de los hechos.
El reportero gráfico insistió en la necesidad de establecer un precedente firme que proteja a los periodistas y evite que otros profesionales enfrenten situaciones similares durante el ejercicio de su trabajo.
La decisión judicial generó rechazo previo entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión y sectores del gremio periodístico dominicano, que habían exigido sanciones contra el uniformado por considerar que su conducta atentó contra el libre ejercicio del periodismo en el país.
Este fallo se perfila como un precedente relevante para la protección de comunicadores durante coberturas de alto riesgo en el territorio nacional.
Queda por verse si esta sentencia contribuirá a disuadir futuros excesos de fuerza contra periodistas en el desempeño de sus funciones, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para diversos sectores vinculados a la libertad de prensa.