Diario al Día | Bogotá, Colombia – Trece personas recibieron condenas de prisión tras participar en una red internacional vinculada a las peleas de perros, una práctica prohibida por la legislación colombiana.

La decisión judicial alcanzó a ciudadanos colombianos y extranjeros, incluidos dominicanos, señalados por organizar y financiar un evento clandestino realizado en una finca del municipio de La Calera.

Las autoridades determinaron que los implicados aceptaron responsabilidad por hechos relacionados con la muerte y las graves afectaciones causadas a varios animales durante la actividad.

La investigación estuvo a cargo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, que reconstruyó cada detalle de la jornada desarrollada el pasado 14 de marzo.

Según el expediente, los organizadores acondicionaron el lugar para recibir espectadores, con áreas destinadas a alimentos, bebidas y espacios reservados para observar los enfrentamientos.

Además, instalaron una estructura de madera utilizada exclusivamente para las peleas de perros, convirtiendo la finca en un escenario preparado para este tipo de actividades ilegales.

Durante el operativo de inspección, los agentes encontraron dos animales sin vida que presentaban visibles signos de violencia y lesiones compatibles con enfrentamientos reiterados.

También rescataron doce caninos que permanecían en el lugar. Seis de ellos mostraban daños físicos y alteraciones conductuales asociadas a periodos prolongados de maltrato.

La Fiscalía indicó que entre los condenados figuran ciudadanos procedentes de Ecuador, Venezuela y República Dominicana, quienes viajaron expresamente para participar en el encuentro.

Aunque las autoridades no precisaron cuántos dominicanos estuvieron involucrados, confirmaron que algunos de ellos financiaron actividades relacionadas con las peleas de perros.

Entre los colombianos condenados aparecen Julián Esteban León Ramírez, señalado como organizador principal de la convención, y el veterinario Carlos Alberto Cifuentes Hernández.

El caso adquirió relevancia nacional debido a la reciente entrada en vigor de la Ley Ángel, una normativa que fortalece la protección de los animales frente al maltrato.

Dicha legislación establece sanciones más severas para quienes provoquen la muerte o el sufrimiento de animales con fines recreativos o de beneficio económico.

Por esta razón, la justicia consideró que las conductas investigadas encajaban dentro de los delitos contemplados por la ley y merecían sanciones ejemplares.

La sentencia impuso a cada responsable una pena de 31 meses y 15 días de prisión, equivalente a dos años y medio de privación de libertad.

Asimismo, los condenados deberán pagar una multa cercana a los 49.9 millones de pesos colombianos, monto que supera los 14 mil dólares estadounidenses.

La resolución también incluye una prohibición para desarrollar actividades relacionadas con la tenencia, manejo o cuidado de animales durante el tiempo que dure la condena.

Con esta decisión, las autoridades colombianas buscan enviar un mensaje de firmeza frente a las peleas de perros y reforzar los mecanismos de protección animal.

El caso se convierte además en uno de los primeros procesos de alto impacto resueltos bajo la Ley Ángel, considerada un avance importante en materia de bienestar animal.