Diario al Día | San Cristóbal, República Dominicana – El Tribunal de Atención Permanente de Villa Altagracia dictó este martes tres meses de prisión preventiva contra Raudy Jiménez Dicent, alias «Ayendi», acusado en relación con la muerte de Abril Mieses Puello, una joven de 15 años que habría cumplido 16 en octubre próximo.
Los hechos que motivaron el proceso judicial ocurrieron el viernes 22 de mayo en Villa Altagracia, según confirmaron fuentes del Ministerio Público presentes en la audiencia.
La representante del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (RELEVIC) confirmó la decisión judicial a su salida del recinto y explicó que la medida de coerción fue impuesta para que la fiscalía pueda fortalecer el expediente.
Raudy Jiménez Dicent cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, penal destinado a imputados masculinos bajo medidas de coerción judicial.
El acusado se entregó a las autoridades luego de permanecer prófugo tras ocurridos los hechos, según informaron fuentes vinculadas al proceso.
Durante su traslado, el imputado fue conducido bajo un estricto cordón de seguridad de la Policía Nacional hacia una camioneta oficial, sin ofrecer declaraciones a la prensa.
La abogada de la parte civil precisó que el imputado no realizó «ninguna declaración hasta este momento» y que la fiscalía utilizará los tres meses para robustecer el expediente.
En las afueras del tribunal, Yanira Puello, madre de la joven fallecida, expresó entre lágrimas su dolor y exigió que las autoridades apliquen todo el peso de la ley contra el acusado.
«¡Yo lo que quiero es justicia!», exclamó la mujer de manera desconsolada, mientras era asistida físicamente por allegados tras concluir la audiencia de medida de coerción.
Además, una allegada de la familia advirtió que la comunidad vigilará de cerca el proceder de los jueces en las etapas subsiguientes del proceso. «Esto no se va a quedar así», aseguró.
El caso se enmarca en las crecientes demandas sociales en el país para endurecer las sanciones contra los delitos cometidos en perjuicio de menores de edad y mujeres.
La imposición de tres meses de prisión preventiva responde al plazo legal estándar del Código Procesal Penal, que otorga a la fiscalía el tiempo necesario para recolectar pruebas periciales.
En las próximas semanas, el Ministerio Público deberá presentar los elementos suficientes para sostener la acusación en la etapa de fondo del proceso.
La investigación continuará para esclarecer los detalles y responsabilidades en torno a este caso que ha generado atención en la comunidad de Villa Altagracia y el país.