Diario al Día | Santo Domingo, RD – Doriluz Díaz Félix ha denunciado amenazas y persecución por parte de su exesposo, Rubén Darío Falcón Contreras, mientras reside con sus tres hijos en la vivienda que ambos construyeron.
La mujer manifiesta temor por su seguridad y la de sus hijos, debido a los maltratos que asegura haber sufrido durante 20 años de convivencia con Falcón Contreras. Desde el inicio de 2024, ha presentado querellas en la Unidad de Violencia de Género de Santo Domingo Este, pero hasta el momento no se ha emitido ninguna orden de arresto contra su exesposo.
Doriluz Díaz afirma que Falcón Contreras la persigue y ha realizado agresiones públicas, además de reiterar amenazas de muerte que incrementan su preocupación. Por su parte, familiares del hombre indican que él padece problemas mentales, lo que defienden como explicación de su conducta.
La víctima ha señalado que sus solicitudes de ayuda han sido desatendidas, lo que la coloca en una situación de vulnerabilidad ante la falta de medidas judiciales efectivas para protegerla a ella y a sus hijos.
Vecinos y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han expresado que este caso refleja la persistente vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género y la necesidad de respuestas rápidas por parte de las autoridades.
Las autoridades locales no han informado sobre acciones concretas en relación con este caso, mientras las amenazas continúan afectando la vida diaria de la mujer y su familia.
Doriluz Díaz Félix solicita medidas de protección urgentes y que la justicia actúe con prontitud para evitar la repetición de casos de violencia extrema en Santo Domingo.
Expertos en violencia de género destacan que situaciones como esta requieren seguimiento constante y protocolos claros para garantizar la seguridad de las mujeres y prevenir incidentes graves.
La mujer mantiene un llamado público de auxilio, esperando que las autoridades tomen medidas decisivas frente a las amenazas que enfrenta a diario.
Este caso resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de protección y la responsabilidad del sistema judicial para atender de manera inmediata las denuncias de violencia de género y amenazas.