Diario al Día | Santo Domingo Este, República Dominicana – Un establecimiento identificado como CEDALAB fue cerrado por las autoridades sanitarias tras una investigación periodística que reveló que operaba sin la licencia requerida y presentaba deficiencias en sus procesos.
La inspección oficial detectó reactivos vencidos, falta de equipos y condiciones inadecuadas para el manejo, almacenamiento y control de las unidades destinadas a transfusiones.
La investigación, publicada el 23 de agosto de 2026 por el medio N Digital, de Nuria Piera, también documentó un sistema de captación de personas que recibían dinero por suministrar sangre.
Según los testimonios y grabaciones recopilados, entre los proveedores había personas en condiciones de vulnerabilidad, mientras el centro utilizaba pruebas rápidas como parte de sus controles iniciales.
Operaba durante años sin la habilitación requerida
CEDALAB, ubicado en Santo Domingo Este, ofrecía servicios de laboratorio y banco de sangre sin contar con la habilitación obligatoria del Ministerio de Salud Pública, de acuerdo con la investigación y la posterior inspección oficial.
Su propietaria, Manuela Cedano Valdez, sostuvo durante la investigación que disponía de una certificación de no objeción a planos. Sin embargo, ese documento no equivale a una licencia que autorice el funcionamiento del establecimiento.
Información obtenida mediante una solicitud de libre acceso indica que el centro inició en junio de 2023 un proceso relacionado con la no objeción de planos.
Durante la evaluación se señalaron observaciones sobre las áreas de procesamiento, esterilización, manejo de desechos y condiciones destinadas al personal.
Aunque recibió posteriormente la certificación relacionada con sus planos, el establecimiento no obtuvo con ese documento la autorización sanitaria necesaria para abrir sus puertas al público.
El director de Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud, Juan Gerardo Mesa, explicó que la Ley General de Salud 42-01 exige contar con una licencia para operar.
Tras conocer las evidencias recopiladas por el trabajo periodístico, la Dirección de Habilitación realizó una inspección oficial y confirmó que el establecimiento funcionaba sin esa autorización.
Reactivos vencidos y falta de equipos adecuados
La inspección encontró múltiples deficiencias que, según las autoridades, impedían garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de un banco de sangre.
Entre los hallazgos figuraron reactivos vencidos, algunos desde 2022, falta de registros de mantenimiento y ausencia de equipamiento requerido para distintos procesos.
También se detectaron problemas en las condiciones destinadas a refrigerar y almacenar las unidades y los materiales utilizados durante el procesamiento.
De acuerdo con la información divulgada, el establecimiento utilizaba una nevera de uso doméstico y no contaba con un área habilitada para conservar adecuadamente las unidades.
La inspección reportó además la falta de equipos y recursos esenciales, entre ellos sellador y mezclador de bolsas, materiales adecuados para desechos biológicos, tanque de oxígeno y botiquín de primeros auxilios.
Las autoridades también identificaron deficiencias en el manejo de materiales utilizados durante los procedimientos, algunos de los cuales terminaban junto con los residuos comunes.
El establecimiento tampoco disponía de un espacio adecuado para evaluar a las personas antes de suministrar sangre, según los hallazgos oficiales.
“Ahí no hay garantía de calidad, ahí no hay garantía de ninguno de los procesos”, advirtió Mesa al referirse a las condiciones encontradas durante la inspección.
Investigación documentó pagos por suministrar sangre
La falta de habilitación no fue la única situación revelada por el reportaje. La investigación también documentó un esquema en el que personas recibían dinero por suministrar sangre al establecimiento.
Uno de los testimonios recopilados señaló que los pagos podían situarse entre RD$1,000 y RD$1,200 por cada donación.
La propietaria reconoció durante la entrevista que compraba sangre y explicó que el costo posterior de una pinta podía rondar los RD$5,000, dependiendo de los gastos involucrados.
Las grabaciones y conversaciones obtenidas durante la investigación también apuntaron a la existencia de personas encargadas de captar proveedores.
Según los testimonios presentados en el reportaje, algunas de esas personas enfrentaban condiciones de vulnerabilidad o consumo de sustancias.
La propietaria afirmó que realizaba pruebas virales rápidas antes del proceso y que posteriormente enviaba muestras a otros laboratorios para análisis.
Especialistas consultados advirtieron que las pruebas rápidas de membrana no sustituyen los procedimientos establecidos para el tamizaje de unidades destinadas a transfusiones.
Especialistas alertan sobre la seguridad de las unidades
César Matos, director de la Red Nacional de Bancos de Sangre de la Cruz Roja Dominicana, explicó que las unidades destinadas a transfusión deben pasar por controles y procesos que permitan garantizar su calidad y trazabilidad.
Entre las evaluaciones requeridas se encuentran pruebas para detectar infecciones como VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis, junto con otros controles relacionados con el procesamiento y almacenamiento.
Uno de los aspectos señalados por los especialistas es el llamado período de ventana, durante el cual una infección puede estar presente sin ser detectada por determinados métodos de análisis.
Matos también cuestionó la donación remunerada, al advertir que el interés económico puede llevar a una persona a ocultar información sobre antecedentes o condiciones de salud relevantes durante la evaluación.
La investigación recogió además testimonios según los cuales algunos proveedores podían suministrar sangre varias veces en períodos cortos.
Ese punto también genera preocupación desde el punto de vista sanitario, tanto por la evaluación de la persona como por los controles requeridos antes de aceptar una unidad.
El director de la Red Nacional de Bancos de Sangre pidió una actuación firme frente a establecimientos que operen fuera de las normas sanitarias.
El país enfrenta una alta demanda y baja donación voluntaria
El caso también vuelve a poner atención sobre la necesidad de sangre en República Dominicana y las dificultades que enfrentan pacientes y familias cuando requieren una transfusión.
El país tiene una demanda estimada de cerca de 270,000 unidades al año, incluyendo la reserva estratégica, mientras la donación voluntaria continúa siendo insuficiente para cubrir todas las necesidades.
Según los datos citados en la investigación, República Dominicana cuenta con 76 bancos de sangre habilitados, de los cuales 45 son privados y 31 públicos.
El procesamiento de una unidad requiere una cadena de controles que incluye extracción, análisis, procesamiento, almacenamiento y trazabilidad.
Solo el procesamiento puede representar alrededor de RD$5,000 por unidad, sin incluir otros costos operativos, de personal y energía.
La baja participación de donantes voluntarios ha contribuido a que familiares de pacientes deban buscar personas dispuestas a suministrar sangre cuando surge una necesidad.
Senado trabaja en una regulación para el sistema
La investigación también expone las limitaciones legales existentes para enfrentar de forma específica el comercio irregular de sangre humana.
El 13 de mayo, la Comisión Permanente de Salud Pública del Senado, presidida por la senadora Lía Díaz, unificó tres iniciativas en un proyecto orientado a regular el sistema.
Entre sus propuestas figura la prohibición de la donación remunerada, el establecimiento de sanciones y normas para la importación y exportación.
Mientras ese proceso legislativo continúa, el cierre de CEDALAB representa una actuación administrativa confirmada por las autoridades sanitarias.
La información disponible no confirma, por el momento, la apertura de un proceso fiscal o judicial específico contra los propietarios del establecimiento, por lo que cualquier medida adicional deberá ser determinada o comunicada oficialmente por las autoridades competentes.