Diario al Día | San Cristóbal, República Dominicana – El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Joel Carmona Pinales, de 25 años, vinculado a la muerte de una bebé de ocho meses en San Cristóbal.
La solicitud se basa en evidencias presentadas tras una investigación y el informe forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
La autopsia determinó que la menor perdió la vida debido a lesiones graves compatibles con maltrato infantil.
Entre los hallazgos se incluyen fractura craneal, hemorragia cerebral y marcas de mordedura humana, lo que llevó a calificar la causa de muerte como homicida bajo el denominado «Síndrome del Niño Maltratado».
El informe también señala deformidad facial, contusión y edema, además de marcas de mordedura que coinciden con la dentición del acusado. Se detectaron contusión y edema en el cerebro y los pulmones, evidenciando la gravedad de las lesiones.
Los hechos ocurrieron en una residencia del sector Jeringa, donde Carmona Pinales convivía con la madre de la niña, Laudry Bonilla, de 22 años.
Según la denuncia, la bebé fue levantada por el cuello mientras dormía y luego colocada nuevamente en la cama.
La madre notó que la bebé presentaba problemas y la llevó de inmediato a un centro médico, donde se confirmó el deceso.
Además, denunció que el acusado intentó que ella declarara una versión falsa sobre un accidente para encubrir lo sucedido.
Bonilla manifestó que la relación con Carmona Pinales era reciente y que no había indicios previos de agresión. Expresó su deseo de que se haga justicia en este caso.
El Ministerio Público presentó toda la evidencia, incluyendo el informe de autopsia, para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra el imputado.
La audiencia para conocer la medida de coerción está programada para el 15 de mayo a las 9:00 de la mañana.
Este caso ha generado preocupación en la comunidad de San Cristóbal, resaltando la importancia de la protección infantil y la necesidad de una respuesta rápida ante señales de maltrato.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar el cumplimiento de la ley.
La situación también pone en relieve la urgencia de fortalecer los protocolos de atención frente a la violencia doméstica, así como la responsabilidad de familiares y autoridades en la protección de los menores.
El trabajo coordinado entre el Inacif y el Ministerio Público es clave para esclarecer casos de esta naturaleza y promover acciones que eviten su repetición.