El expediente del caso Senasa dedica decenas de páginas a José Pablo Ortiz Giráldez, señalado como colaborador clave y pieza central para entender el funcionamiento de la red investigada.
Su nombre surge una y otra vez en el documento de coerción, descrito como confidente de larga data y ejecutor de varias gestiones durante la administración de Santiago Hazim.
La primera referencia aparece en la página 19 del expediente, donde se menciona la entrega de un vehículo al entonces director de Senasa. Esa anotación coloca a Ortiz Giráldez dentro del círculo de confianza del funcionario desde los primeros meses de 2020.
Con el avance del relato fiscal, su figura adquiere mayor relevancia. El Ministerio Público sostiene que Ortiz Giráldez se convirtió en la “mano derecha” del exdirector, responsable de coordinar encuentros con contratistas y transmitir instrucciones sobre contribuciones económicas que, según la acusación, se establecían como condición para mantener contratos.
Horas más tarde, el expediente describe cómo ese rol lo posicionó como intermediario principal. Para los investigadores, él fue el encargado de solicitar porcentajes específicos a empresas vinculadas con programas de nutrición y servicios técnicos.
El contexto ayuda a entender por qué su testimonio es considerado crucial. Según la solicitud fiscal, las contribuciones solicitadas oscilaban entre el 25 % y el 35 % del monto facturado por compañías que prestaban servicios a Senasa.
Lo que siguió sorprendió incluso dentro del sector privado. El Ministerio Público detalla que Ortiz Giráldez habría administrado esos montos y luego transferido una parte mayoritaria a Santiago Hazim, siguiendo instrucciones que él mismo describe en su colaboración con las autoridades.
Para quienes siguen este caso, una frase llamó la atención dentro del expediente. Ortiz aseguró que Hazim utilizaba la expresión “había llovido” para indicar que ya se podían gestionar las entregas de dinero provenientes de pagos institucionales.
En su testimonio, también explicó que convertía gran parte de esos recursos a dólares y los entregaba en lugares discretos, manteniendo para sí un porcentaje menor que, según los fiscales, formaba parte del esquema descrito.
Otro punto relevante es que su nombre había aparecido previamente en investigaciones públicas de 2023. Ese antecedente llevó, de acuerdo con el expediente, a modificar la forma en que se realizaban los pagos entre 2023 y 2025.
Más adelante, el documento indica que Ortiz Giráldez figura como el número 23 dentro de un grupo de más de cincuenta personas que colaboran con el Ministerio Público, aportando detalles que sirven de base para la acusación principal.
Su participación también incluye información sobre otros organismos públicos, donde habría gestionado cobros irregulares entre 2016 y 2020, antes de su cercanía formal con la estructura de Senasa.
Hoy, su colaboración se considera determinante para reconstruir la dinámica interna del caso. Su vínculo de treinta años con Santiago Hazim, según los fiscales, permite entender cómo funcionó la comunicación entre ambos durante todo el período investigado.