Diario al Día | Santo Domingo, República Dominicana — La Fiscalía del Distrito Nacional informó que buscará una condena de dos años de prisión sin suspensión para los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados en el caso Jet Set, al considerar que existen elementos suficientes para sostener la acusación presentada por homicidio involuntario.
La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, explicó que el Ministerio Público entiende que la sanción solicitada responde al marco legal vigente con el que se desarrolla el proceso judicial, aunque reconoció que la pena resulta limitada frente a la magnitud del acontecimiento ocurrido en la discoteca Jet Set, donde 236 personas fallecieron y más de un centenar resultaron con lesiones.
Ramos señaló que, aunque una condena de dos años puede parecer insuficiente por la cantidad de personas afectadas, esa es la sanción establecida en la legislación aplicada al expediente.
Por esa razón, indicó que la Fiscalía procurará que, en caso de una sentencia condenatoria, el cumplimiento sea efectivo y no suspendido.
La representante del Ministerio Público precisó que una condena suspendida contempla el cumplimiento de ciertas condiciones fuera de un centro penitenciario.
En cambio, una sentencia sin suspensión implicaría que la pena sea ejecutada de manera directa, una medida que, según explicó, buscaría responder ante la dimensión del caso y expresar respaldo a las víctimas y sus familiares.
El proceso contra Antonio y Maribel Espaillat se mantiene bajo la figura de homicidio involuntario, de acuerdo con la acusación presentada por las autoridades.
La Fiscalía sostiene que cuenta con los elementos necesarios para sustentar su posición ante los tribunales y avanzar con el desarrollo del expediente.
Durante sus declaraciones, Ramos también abordó el escenario que habría representado la aplicación del nuevo Código Penal para un caso de esta naturaleza.
La funcionaria indicó que esa normativa contempla sanciones de hasta 10 años para hechos similares, aunque consideró que incluso ese límite podría ser reducido frente al número de personas fallecidas en el suceso.
La fiscal agregó que el nuevo Código Penal entrará en vigor a partir de agosto y defendió su implementación al considerar que ofrecerá un marco jurídico actualizado, con sanciones que, según sus palabras, estarán más relacionadas con la gravedad de determinados acontecimientos.
Con esta postura, el Ministerio Público fija su posición sobre la posible consecuencia judicial para los imputados mientras continúa el proceso relacionado con uno de los expedientes que más impacto ha generado en República Dominicana.
La evolución del caso dependerá de las decisiones que adopten los tribunales durante las próximas etapas.
Por Arelis Suero